El papa Francisco reivindicó la inmunidad jurídica como jefe de Estado para rechazar una demanda de indemnización presentada por dos hombres aborígenes por falta de protección de un sacerdote, Michael Glennon, que abusó sexualmente de ellos cuando eran niños, entre 1983 y 1990. Así lo informó hoy el Sydney Morning Herald, citando documentos presentados ante el Tribunal Supremo del estado de Victoria por los abogados que representan al Papa, que indican la intención de basarse en la forma jurídica única en el derecho internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano.
    Los demandantes responsabilizan por extensión (vicariamente) al arzobispo de Melbourne Peter Comensoli y al propio Pontífice de las supuestas deficiencias de sus predecesores, que permitieron a Glennon seguir abusando de menores de edad durante años, después de que figuras destacadas de la Iglesia, en Australia y en Roma, supieran que era un pedófilo.
    En respuesta, los abogados del papa Francisco cuestionaron la jurisdicción del tribunal, argumentando que, como gobernante de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede, el Papa es un jefe de Estado y, según la ley australiana, tiene inmunidad ante los procedimientos en los tribunales australianos.
    Un argumento que refleja defensas legales que la Iglesia ha empleado con éxito en Europa y Estados Unidos, pero que nunca había sido probada n Australia.
    La abogada de los dos hombres, Angela Sdrinidis, sostiene que el Papa debe responder como responsable por extensión de la inacción de su predecesor, Juan Pablo II, en aquel momento.
    "Estamos asistiendo a un recurso a una defensa jurídica técnica para evitar la responsabilidad directa por los crímenes de los sacerdotes pedófilos", añadió.
   

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