Las nuevas normas buscan "los siguientes objetivos: el uso sostenible de los recursos; la transparencia del procedimiento de contratación; la igualdad de trato y la no discriminación de los licitantes; la promoción de una competencia efectiva, en particular mediante medidas capaces de combatir los acuerdos de competencia ilegal y la corrupción".
Por otra parte, la seguridad en el trabajo se convierte en uno de los criterios a respetar para participar en las licitaciones en el Vaticano, según las nuevas normas.
Entre los criterios por los que una persona puede ser excluida de las licitaciones está la cláusula: "si no ha cumplido con las obligaciones relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, según la legislación aplicable o los convenios colectivos".
También quedan fuera de las licitaciones de la Santa Sede quienes residen en jurisdicciones "con alto riesgo de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, según lo identificado por la Autoridad de Información y Supervisión Financiera en el ejercicio de su actividad institucional".
A partir de ahora, además, todas las operaciones que superen el 2% de los costos totales de la institución deben ser validadas por el Prefecto de Economía, establecen las normas, que apuntan a distinguir la administración ordinaria de gastos de la extraordinaria.
"En cuanto al criterio de valor para determinar qué actos realizados por los organismos que supervisa requieren la aprobación del Prefecto de la Secretaría de Economía, el Consejo de Economía establece este criterio - explica el Papa en la disposición - de forma proporcionada a la capacidad financiera de las entidades, considerando esto, en referencia al valor antes mencionado, se establece que dicha aprobación deberá solicitarse cuando el acto supere el 2% de la cifra resultante del promedio calculado sobre el total.
"Los costos de la entidad solicitante, así como los resultados de los balances finales aprobados de los últimos tres años. En cualquier caso, no se requerirá aprobación para escrituras cuyo valor sea inferior a 150.000,00 euros", señala la nueva disposición.
El procedimiento de aprobación de la validación de actos extraordinarios de administración deberá concluir dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la solicitud.
Transcurrido este plazo, se sigue el principio del consentimiento tácito: "A falta de solicitudes de integración preliminar o documental, la falta de respuesta dentro de este plazo equivale a una disposición para aceptar la solicitud. En todo caso, dicho procedimiento deberá concluir no después de cuarenta días".
Siempre será posible impugnar las disposiciones de la Secretaría de Economía, "dentro del plazo perentorio de quince días a partir de la notificación".
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