Por lo tanto, la demanda sigue adelante y la nueva audiencia se fijó para el 10 de mayo a las 16.
Por el desalojo injustificado, Milone y Panicco piden una indemnización por un total de 9,3 millones de euros.".
Las excepciones de nulidad e inadmisibilidad fueron presentadas en primera audiencia el 25 de enero.
Las defensas de la Secretaría de Estado y de la Oficina del Revisor General habían pedido la inadmisibilidad del caso, argumentando que ambas debían apelar primero ante la ULSA (Oficina Laboral de la Sede Apostólica), y luego apelar la nulidad de la citación y, sobre todo, a la prescripción, pues transcurrieron más de cinco años desde los hechos.
También se había relevado que el escrito presentado por Milone y Panicco el 18 de enero para impugnar las objeciones de la defensa contenía documentos que no estaban en el archivo del auditor general, por lo que se consideraron "robados"..
Incluso el promotor de justicia Alessandro Diddi -quien comparece en la causa civil dado el "interés público" del proceso- había respaldado el principio de la elegibilidad para la prescripción.
Sin embargo, con su "sentencia interlocutoria" de 14 páginas, la Corte rechazó todas las excepciones al ordenar la continuación de la causa -que aún se encuentra en etapa de audiencia preliminar- y mantener intactas las solicitudes de los recurrentes Milone y Panicco, quienes fueron obligados renunciar a sus cargos el 19 y 20 de junio de 2017, respectivamente.
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