Un golpe de la Unión Europea al trigo ruso se produjo hoy, con la propuesta de la Comisión Europea de una tasa aduanera de 95 euros por tonelada métrica para el trigo y sus derivados y un arancel del 50% sobre las semillas oleaginosas que provengan de Rusia o de Bielorrusia y entren al territorio de los 27.
El plan llegó luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se quejara por lo "injusto" de que la UE importe grano ruso "sin restricciones".
El hacha de Europa cae así sobre los envíos de cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia, por primera vez desde el comienzo de la invasión de Moscú a Ucrania.
Sin embargo, la propuesta aún debe ser examinada por el Consejo del bloque comunitario.
Una ofensiva comercial que, en palabras de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, reducirá la capacidad del Kremlin para financiar "su máquina de guerra" Se trata, también, de un nuevo apoyo a las reivindicaciones de los agricultores del Viejo Continente que los líderes de los 27 países, ahora que se acercan las elecciones, también están decididos a apoyar.
Además de un pedido de no detenerse en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), los recortes burocráticos y la protección de la competencia, las conclusiones finales de la cumbre de la UE incluyeron la petición de ampliar el marco extraordinario sobre ayudas estatales para garantizar la financiación del mundo agrícola.
Una referencia considerada por la primera ministra, Giorgia Meloni, como "un paso muy importante" obtenido "gracias al impulso italiano".
Invocados primero por los países bálticos y luego por el grupo Visegrado -encabezado por Polonia-, donde las barricadas de tractores están desde hace meses, los aranceles sobre los cereales rusos aterrizaron en la mesa de los dirigentes de la UE tras las claras críticas del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
La propuesta desarrollada por el equipo de Von der Leyen de elevar aranceles sería un duro golpe para las importaciones rusas, que alcanzaron el nivel récord de 4 millones de toneladas en 2023, pero que representan sólo el 1% del consumo europeo.
Y que Moscú, a través del portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, advirtió que los perjudicados serán los "consumidores europeos", además de mostrar tranquilidad sobre las "muchas rutas alternativas" hacia las que desviar sus suministros.
Rutas en las que también confía Europa, que vuelve su mirada hacia Estados Unidos, América Latina, Serbia y Ucrania.
Aunque es precisamente el granero ucraniano el que está en el centro de una disputa, y corre el riesgo de representar una contradicción con respecto a las proclamas de apoyo incondicional a Kiev: la propuesta de Bruselas de introducir cláusulas de salvaguardia para sus agricultores sobre la entrada libre de derechos de los cereales ucranianos. -sancionada en junio de 2022- alimentó protestas en los países vecinos.
Y ahora, ante la luz verde de los embajadores de los países de la UE, París y Varsovia piden límites más estrictos.
Sin embargo, los agricultores europeos desempeñarán la mayor parte a la hora de cubrir la demanda de trigo continental.
Los trabajos sobre "todas las medidas posibles a corto y medio plazo" en favor del sector, según el llamamiento conjunto de los dirigentes de la UE, deben llevarse a cabo "sin demora", con el objetivo de "reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria" y "garantizar unos ingresos justos".
Todas las medidas necesarias, en opinión de Meloni, para responder a un sector que atraviesa una "crisis sistémica" a la que hay que "adaptar" la PAC.
El marco más flexible sobre ayudas estatales para apoyar a las empresas europeas adoptado tras la agresión de Rusia contra Ucrania, a petición de los Veintisiete, debería ampliarse más allá del plazo del próximo 30 de junio.
Una referencia para coronar una cumbre "más que positiva" también para Confagricoltura y Coldiretti.
Lo cierto es que ahora el balón pasa a manos del Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea.
Mientras que la propuesta sobre los aranceles rusos tendrá que ser adoptada por los ministros de la UE, prevista en Bruselas el 26 de marzo, por mayoría cualificada.
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