Tras una rápida aprobación por parte de la Duma y el Senado (obviamente por unanimidad, como es ahora la práctica en un Parlamento en el que no hay oponentes), Vladimir Putin firmó una nueva ley que otorga a las autoridades el poder de confiscar activos, cuentas y propiedades de los condenados por cargos de "difusión de información sobre las fuerzas armadas" consideradas "falsas" por el gobierno, o por cargos de "descrédito" del ejército del Kremlin.
Se trata de acusaciones que Moscú acumuló desde hace dos años, en los primeros días de la invasión de Ucrania, con una ley mordaza que apunta efectivamente a cualquiera que tome partido contra la guerra y prevé duras penas de prisión de hasta 15 años de prisión.
Desde hoy, para quienes condenan la guerra, al riesgo de transcurrir varios años en la prisión, se le suma ahora aquello de que le confisquen sus bienes. Y la nueva represión contra la disidencia llega apenas un mes antes de las elecciones presidenciales: una votación cuyo resultado se considera inevitable dada la falta de competencia electoral real, pero por la cual Putin todavía apuesta fuertemente por la carta de guerra.
El objetivo del Kremlin fue ilustrado por el presidente de la Duma (Parlamento), Viaceslav Volodin, hace ya una semana: "Es necesario sancionar a los traidores que, viviendo en el exterior, arrojan barro" sobre Rusia, "sobre los soldados y oficiales que participan en la operación militar especial", afirmó el aliado de Putin.
No por nada hay quienes temen que la nueva ley pueda transformarse en un arma del Kremlin para atacar a los rusos contrarios a la guerra que emigraron al extranjero tras el inicio del conflicto, pero que todavía tienen bienes y propiedades en Rusia.
La nueva ley también prevé la confiscación de bienes por otras condenas, como "incitación a actividades extremistas" o "incitación a violar la integridad territorial rusa".
Incluso en este caso se trata de expedientes para atacar la disidencia: acusaciones de "extremismo" a menudo se dirigen a los opositores, mientras que para ser acusado de "incitar a violar la integridad territorial rusa" basta con afirmar que los territorios ucranianos ocupados con las armas de los soldados del Kremlin no pertenecen a Rusia. No es claro si los bienes inmuebles se encuentran entre los que pueden ser confiscados según esta nueva ley.
El Moscow Times afirmó que este "no parece" ser el caso.
La agencia oficial de noticias rusa Tass sostiene que solo se pueden confiscar bienes "obtenidos por medios delictivos" o utilizados para actividades "contra la seguridad nacional". Pero en Rusia el gobierno define incluso tomar partido contra la guerra como un "crimen", y los tribunales rusos ya demostraron varias veces que interpretan las leyes basándose en las indicaciones de la fiscalía y que no son independientes del poder político.
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