En una denuncia presentada en 2017, Kiev acusó a Moscú de haber "financiado el terrorismo" apoyando a los separatistas prorrusos en el Este y de discriminación racial contra los tártaros y ucranianos de la península del Mar Negro, anexada unilateralmente por Rusia hace 10 años. Se trata de un caso previo a la invasión rusa de 2022, objeto de un caso aparte sobre el que el propio Tribunal de La Haya se pronunciará el viernes sobre las "objeciones preliminares" planteadas por Rusia.
A las acusaciones de Kiev sobre las acciones de los separatistas de Donetsk y Lugansk con el apoyo de Moscú, el Tribunal de La Haya respondió que solo las transferencias de dinero pueden considerarse financiación de grupos terroristas, y esto "no incluye los medios utilizados para cometer estos actos de terrorismo, como armas o campos de entrenamiento".
"El supuesto suministro de armas a grupos armados que operan en el este de Ucrania" no entra, por tanto, dentro de la aplicación del Convenio contra la financiación del terrorismo en cuestión, decidieron por mayoría los jueces de la ONU (con el voto italiano en contra de Fausto Pocar, elegido por Kiev como juez ad hoc). El Tribunal solo acusa a Rusia de no haber tomado "medidas para investigar" posibles violaciones del mismo Convenio que había impuesto.
Pero esto fue suficiente para que el abogado del lado ucraniano, Anton Korynevych, declarara que el veredicto era "de gran valor".
Sin embargo, ante las acusaciones de discriminación contra la minoría tártara y los ucranianos en Crimea, La Haya considera que Rusia no ha tomado medidas suficientes para permitir la enseñanza de la lengua ucraniana en la península ocupada. Pero el Tribunal -se lee en la decisión- "rechazó todos los demás argumentos esgrimidos por Ucrania", incluida la solicitud de indemnización por los ataques prorrusos, como el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo en julio de 2014.
Al comentar el veredicto, Moscú subrayó cómo el tribunal de la ONU se negó a "seguir el ejemplo de Kiev y reconocer a Rusia como Estado agresor" y "las insinuaciones ucranianas de que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk son supuestas organizaciones terroristas".
El 2 de febrero, el Tribunal volverá al Palacio de la Paix para una decisión intermedia en el segundo caso que involucra a Ucrania contra Rusia, esta vez por violación de la Convención sobre Genocidio -la misma cuestionada por Sudáfrica contra Israel- basada en los cargos presentados por Kiev el 26 de febrero de 2022, dos días después de la invasión rusa.
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