El plazo vence en las próximas horas, es decir, antes del 17 de enero.
La voluntad del Palacio Berlaymont, según trascendió en la víspera, es continuar un diálogo constructivo con las autoridades italianas, con la esperanza de encontrar una manera de poner fin al antiguo conflicto y llevar a Italia a adaptarse a las normas que son el baluarte de la libre competencia en el mercado único.
Un resultado contra el que los balnearios siguen resistiendo, pidiendo al gobierno, durante una protesta frente al Palazzo Chigi, que "respete las promesas electorales" sin ceder a las presiones de la UE.
Enviada a Roma el 16 de noviembre después de largos meses de espera, la carta de advertencia de la UE -en la jerga del dictamen motivado- repasó el tira y afloja legal con Italia, incluida la apertura del procedimiento de infracción en diciembre de 2020.
Y cuestionó los resultados de la mesa técnica creada por el gobierno para mapear las playas.
Para la UE, el cálculo del 33% correspondiente a las playas ocupadas por concesiones estatales -cifra que no revelaría la escasez del recurso natural, excluyendo la aplicación de la directiva- es incorrecto, porque "no refleja una evaluación cualitativa de las zonas en las que efectivamente es posible prestar servicios de concesión de playas" y "no tiene en cuenta situaciones específicas a nivel regional y municipal".
Dos meses después de los hallazgos, en Roma se está trabajando hasta el final para definir la respuesta que ahora se espera cada hora.
En los últimos días, circula entre la mayoría la hipótesis de pedir a Bruselas más tiempo para completar los trabajos de la mesa técnica y definir los criterios con los que establecer si escasean o no los bienes estatales.
Sin embargo, las sensibilidades de la mayoría son diferentes.
Basándose en las respuestas ofrecidas, Bruselas podrá decidir -tras una cuidadosa evaluación- si lleva a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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