Después de diez años de intentos, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo llegaron a un "acuerdo político" sobre las cinco piezas legislativas que constituyen el corazón del nuevo Pacto sobre migración y asilo.
Entre los efectos, se encuentra la retirada del acuerdo de Dublín y la llegada de la "solidaridad obligatoria" hacia los países de primera llegada, como Italia.
El juicio de los dirigentes europeos es unánime: "Un día histórico".
Por lo tanto, la Unión Europea podrá presentarse en las elecciones de junio como una fuerza capaz de ofrecer soluciones a los ciudadanos.
Sin embargo, también hubo críticas feroces. Por ejemplo, el Gobierno del húngaro, Viktor Orban, "rechazó enérgicamente" el acuerdo y aseguró que no permitirá la entrada de "ningún migrante" contra su voluntad.
Una promesa fácil de cumplir, porque el nuevo Pacto no prevé traslados forzosos, sino contribuciones financieras (20.000 euros por persona) u "otras formas" para aquellos que no acepten ayudar a otros países recibiendo físicamente a inmigrantes.
Polonia y Hungría ya habían quedado aisladas en junio pasado, cuando el Consejo utilizó la votación por mayoría (sin veto en este asunto) para superar años de impasse entre los estados.
El acuerdo entre las tres instituciones (nombre en clave: diálogo tripartito) es el resultado de ese pasaje, ya a su manera histórica.
Pero las ONG también se quejan, por motivos opuestos.
De hecho, Amnistía Internacional fue categórica.
La reforma "retrasará décadas la legislación europea en materia de asilo" y provocará "un mayor sufrimiento humano".
El Pacto, acusó Amnistía, "no apoya concretamente a países como Italia, España o Grecia, y en lugar de dar prioridad a la solidaridad mediante deslocalizaciones, los Estados simplemente podrán pagar para reforzar las fronteras exteriores o financiar a países fuera de la UE".
Aquí debería abrirse un paréntesis. Según el acuerdo de junio pasado, los famosos 20.000 euros por migrante deberían converger en un fondo que sirva para fundamentar iniciativas en la "dimensión exterior", es decir, todo lo que pueda reducir las llegadas a las fronteras de la UE.
El nuevo Procedimiento Rápido, que establecerá quién tiene derecho de asilo y quién no, prevé luego que los migrantes sean acogidos en Centros de Permanencia sin tener acceso al territorio de la UE.
Para las ONG significa "detención" y, por tanto, una mayor reducción de las normas humanitarias.
"El fallido sistema de Dublín se mantendrá y, en cambio, seguiremos aislando a refugiados y solicitantes de asilo, deteniéndolos en campos remotos", denuncian importantes grupos humanitarios en una carta colectiva.
Pero, en realidad, el Pacto consta de muchas piezas y la Comisión Europea aplaude el enfoque "holístico", que por primera vez analiza el fenómeno migratorio en su conjunto, estableciendo "importantes garantías para el respeto de los derechos humanos" en las distintas etapas de la cadena de producción.
"La intención es dejar en el pasado grandes tragedias como las de Moria, Calais y Lampedusa", aseguró el vicepresidente del ejecutivo de la UE, Margaritis Schinas.
"Gracias a la capacidad de encontrar el equilibrio adecuado entre responsabilidad y solidaridad hemos conseguido sacar adelante y concluir una negociación que estaba estancada desde hacía años", comentó el Ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
"La aprobación del Pacto es un gran éxito para Europa y para Italia, que ahora podrá contar con nuevas normas para gestionar los flujos migratorios y luchar contra los traficantes de seres humanos".
Las negociaciones continuarán ahora para traducir el acuerdo político en textos legales, y los nuevos detalles surgirán con mayor claridad en el futuro.
Pero la apreciación también proviene de otros países de la costa sur, España y Grecia a la cabeza.
Naturalmente, hay también un aspecto más puramente político.
"No es la perfección, sigue siendo un compromiso, pero el campo proeuropeo puede demostrar que es concreto", señaló la presidenta de la Cámara Europea, Roberta Metsola.
El PPE (Partido Pupular Europeo), el Grupo S&D (Socialistas y demócratas) y Renew (Renovar Europa) apoyan el acuerdo.Y según Margaritis Schinas -vicepresidenta de la Comisión Europea-, también buena parte de ECR, el grupo liderado por Giorgia Meloni.
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