Italia debe revisar su política migratoria e implementar intervenciones más incisivas para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.
Así lo expresó Dunja Mijatovic, comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, en un mensaje que envió a Roma con el informe sobre la visita a Italia de junio pasado, en el que también hay palabras de elogio para las instituciones italianas.
El gobierno, que recibió el documento con antelación, envió a Estrasburgo diez páginas de comentarios en los que protesta contra parte del contenido, en particular la elección de ciertos términos y algunas declaraciones relativas a la desigualdad de género, y también a la "criminalización" de las actividades llevadas a cabo por ONG.
La comisaria abrió el informe instando al gobierno a garantizar "una capacidad de búsqueda y salvamento suficiente y adecuado para proporcionar asistencia oportuna y eficaz a las personas en dificultades en el mar, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes".
Mijatovic también pidió a las autoridades que dejen de "criminalizar" a las ONG, derogar políticas y poner fin a prácticas que obstaculizan sus operaciones de búsqueda y rescate.
El gobierno respondió a esa crítica cuestionando el uso del término "criminalización" y afirmando que "la palabra y la descripción resultante de la política reflejan un lenguaje periodístico y opiniones altamente subjetivas que deberían ser muy moderadas, especialmente teniendo en cuenta el contexto en el que se presentan".
El informe pidió luego la suspensión de la cooperación con Libia para las repatriaciones, debido a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que allí se producen, y también fue crítico de la cooperación con Túnez.
Roma respondió que las cooperaciones "se basan fuertemente en el trabajo de las agencias de Naciones Unidas y organizaciones relacionadas" y "son fundamentales para desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes".
Pero el punto sobre el que el Gobierno reaccionó con más fuerza a las palabras de la comisaria se refiere a las mujeres y al hecho de que, en Estrasburgo, se cree que "la desigualdad de género está profundamente arraigada en la sociedad italiana y sigue siendo omnipresente en la vida cotidiana".
"La República Italiana expresa su protesta contra esta afirmación, en marcado contraste con los datos macroscópicos", es la reacción indignada.
; "Basta observar, a modo de ejemplo, que las mujeres ocupan los puestos más altos de la jerarquía del Estado: presidenta del Consejo de Ministros, presidenta del Tribunal Constitucional (hasta hace unos días), presidenta del Tribunal de Casación, presidentes de numerosos organismos públicos", escribe Roma.
"Hay una mayoría de mujeres entre nuestros jueces, más de la mitad, entre los médicos y entre la élite del país", destacó.
"Por eso nos oponemos firmemente a la premisa inicial del informe y a las consecuencias que de él se derivan", afirmó el gobierno.
Siempre en el frente de las acciones en favor de las mujeres y las niñas, la comisaria recomienda a Italia una serie de intervenciones para garantizar su derecho a la salud, eliminar las barreras a su acceso al mercado laboral y reducir la brecha salarial entre los sexos.
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