Una bofetada al primer ministro que ha transformado la llegada de inmigrantes una de sus prioridades, tras el récord de más de 45 mil arribos al Reino Unido el año pasado a través del Canal de la Mancha, con una campaña centrada en el lema "stop the boats" ("frenen las embarcaciones").
Según los jueces, Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro para acoger a solicitantes de asilo, ya que existe un riesgo real de que sean devueltos a su país de origen y allí sufran "persecución y trato inhumano". La anterior decisión de la Audiencia Nacional fue revocada de este modo al aceptar el recurso presentado por solicitantes de asilo y por organizaciones en defensa de los migrantes que acogieron con beneplácito la "buena noticia" mientras que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instó al Gobierno a optar por otras medidas, incluida la cooperación con los vecinos europeos".
Pero Sunak, a pesar de que el polémico plan que pretendía su antecesor Boris Johnson nunca se puso en marcha debido a las múltiples disputas legales iniciadas, no se quedó de brazos cruzados y no solo dijo que estaba "fundamentalmente" en desacuerdo con el veredicto, sino que anunció la apelación ante el Tribunal Supremo, el tribunal británico de última instancia.
Lo hizo en tono duro, insistiendo en la premisa de que Ruanda es un tercer país seguro y reivindicando el poder de intervención del ejecutivo para decidir quién entra o no en Reino Unido. Mientras que la ministra del Interior, Suella Braverman, una polémica dirigente de la ultraderecha conservadora antiinmigración, dijo que estaba "decepcionada" por la sentencia y afirmó en términos inequívocos en un debate en la Cámara de los Comunes: "El pueblo británico quiere dejar de los desembarcos y este gobierno también. Esto es lo que estoy decidida a entregar y no daré un paso atrás".
El ejecutivo tory pasa entonces a la batalla judicial final mientras las autoridades de Kigali también garantizan su compromiso de llevar adelante el acuerdo bilateral con Londres y en respuesta a la corte inglesa declaran que son "uno de los países más seguros del mundo".
El plan es una parte clave del plan conocido como Proyecto de Ley de Migración Ilegal y establece que todos los solicitantes de asilo que llegan por "medios irregulares" corren el riesgo de ser trasladados a Africa. La disposición en discusión en el Parlamento ha sido objeto de muchas críticas y la Cámara de los Lores ha propuesto algunas enmiendas para modificarla.
Mientras que los costos del plan de Ruanda también han generado dudas dentro del partido mayoritario. El desembolso de dinero público para trasladar un solo inmigrante del Reino Unido a la nación africana se ha estimado en 169.000 libras (unos 196.000 euros).
Ante el revés sufrido por el gobierno, se desataron las oposiciones. Para los laboristas, el endurecimiento antiinmigración pretendido por los tories ha resultado ser un rotundo fracaso, empezando por el plan rechazado por la justicia definido por Yvette Cooper, ministra del Interior del gobierno en la sombra, como "poco práctico e inmoral".
Al hablar en la Cámara de los Comunes, Cooper luego señaló con el dedo directamente a Braverman, acusándola de no poder manejar el caos que ha surgido en el Ministerio del Interior, el departamento del que es responsable, debido a la acumulación de solicitudes de asilo que aún no han sido procesadas.
Seguramente mucho de su futuro está en juego en el expediente migratorio de Sunak de cara a las elecciones generales previstas para finales del próximo año, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de los tories en las encuestas con respecto al partido laborista.
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