Lo informó el Consejo en un comunicado.
Las personas sancionadas incluyen al actual comandante de la Unidad de Rescate de la Policía de Teherán de las fuerzas del orden público iraníes y una persona vinculada al "caso de Maryam Arvin", una abogada que fue arrestada brutalmente, abusada gravemente y luego muerta por sus actividades en defensa de los manifestantes.
Las sanciones de hoy también se dirigen al portavoz de la policía iraní y al secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán (SCC).
Incluso se vieron afectadas la Fundación Cooperativa IRGC, el organismo responsable de administrar las inversiones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y la Organización Estudiantil Basij (Sbo), que actúa como ejecutor violento del IRGC en los campus universitarios donde los estudiantes realizaron protestas en el otoño de 2022, posteriormente víctimas de la represión y graves violaciones a los derechos humanos.
Las medidas restrictivas, que ahora se aplican a un total de 216 personas y 37 entidades, consisten en la congelación de activos, la prohibición de viajar a la Unión Europea y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.
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