Un juicio que ciertamente no es halagador para Roma pero que, de hecho, aplasta la estrategia del ejecutivo de Mark Rutte para responder a los movimientos secundarios, es decir, los inmigrantes que llegan de países de primera entrada como Italia y luego marchan hacia otras naciones.
Hay que decir que no es la primera vez que el Consejo de Estado se expresa de esta forma: anteriormente el tribunal había establecido que los refugiados no pueden ser repatriados a Croacia, Grecia y Malta por motivos similares.
Esta vez, el máximo tribunal holandés examinó el caso de dos hombres, uno de los cuales había solicitado asilo tres veces en Italia, y dictaminó que "actualmente, los solicitantes de asilo en ese país corren el riesgo de encontrarse en una situación en la que no se cumplen sus requisitos básicos más importantes, necesidades, tales como vivienda, alimento y agua corriente".
Entonces la transferencia de regreso fue rechazada. "Pero Italia es un país importante y mucha gente viene de allí", se quejó Van der Burg, citado por Dutch News. Los Países Bajos, de hecho, en el marco europeo, llevan mucho tiempo luchando por el cumplimiento del tratado de Dublín como base para "restaurar la confianza" entre los países de primera entrada, que deben registrar las llegadas, y aquellos receptores de los llamados movimientos secundarios, es decir, los que se desplazan dentro de la UE para llegar a familiares, amigos o incluso a mejores condiciones de vida.
Precisamente para contrarrestar el fenómeno, Francia ha decidido, por su parte, desplegar 150 agentes adicionales en la frontera con Italia, a partir de la próxima semana.
Una forma, para el Gobierno de Emmanuel Macron, acorralado por el repunte de las encuestas del partido de Marine Le Pen, de demostrar su determinación en la lucha contra los flujos irregulares, a pesar del sensacional aplazamiento -otro más en pocos meses- de un ambicioso proyecto de ley sobre inmigración que al presidente le hubiera gustado plasmar para el verano pero carece de respaldos en el parlamento.
El expediente migratorio se confirma cada vez más como la gran asignatura pendiente de Europa, que, entre distinciones legítimas y egoísmos miopes, corre el riesgo, incluso en esta legislatura, de no culminar la tan anunciada reforma "holística" de las normas sobre gestión de fronteras comunes, repatriaciones y cuotas de reubicación.
Ejemplo del día. La derecha presentó una coalición a la Eurocámara para "declarar la guerra abierta al Pacto de Migración y Asilo de la UE", anunciada en rueda de prensa por un grupo de eurodiputados de la ECR (Conservadores y reformistas) y el LD (Alianza de los Liberales), del que sin embargo ni la Liga ni FdI (Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni) forman parte.
El grupo -que incluía delegados de Rassemblement National de Le Pen, Vox (derecha española) y AFD (Alternativa Alemana)- anunció su batalla en las capitales y en el Consejo para modificar el texto aprobado la semana pasada por la Cámara Europea, eliminando en particular la mención a las "reubicaciones obligatorias". Eso justamente es el caballo de batalla de los países del sur, reunidos en el club Med5.
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