(ANSA) - BRUSELAS, 26 APR - "Este fallo no ayuda". El
ministro de Inmigración holandés, Erik van der Burg, lo ve mal y
hay que entenderlo. De hecho, el Consejo de Estado de Países
Bajos ha establecido que los solicitantes de asilo no pueden ser
devueltos a Italia -como le gustaría hacer al gobierno nerlandés
sobre la base de las reglas del tratado de Dublín- ya que sus
derechos básicos "no estarían garantizados" y correrían el
riesgo de "vivir en la calle".
Un juicio que ciertamente no es halagador para Roma pero
que, de hecho, aplasta la estrategia del ejecutivo de Mark Rutte
para responder a los movimientos secundarios, es decir, los
inmigrantes que llegan de países de primera entrada como Italia
y luego marchan hacia otras naciones.
Hay que decir que no es la primera vez que el Consejo de
Estado se expresa de esta forma: anteriormente el tribunal había
establecido que los refugiados no pueden ser repatriados a
Croacia, Grecia y Malta por motivos similares.
Esta vez, el máximo tribunal holandés examinó el caso de
dos hombres, uno de los cuales había solicitado asilo tres veces
en Italia, y dictaminó que "actualmente, los solicitantes de
asilo en ese país corren el riesgo de encontrarse en una
situación en la que no se cumplen sus requisitos básicos más
importantes, necesidades, tales como vivienda, alimento y agua
corriente".
Entonces la transferencia de regreso fue rechazada. "Pero
Italia es un país importante y mucha gente viene de allí", se
quejó Van der Burg, citado por Dutch News. Los Países Bajos, de
hecho, en el marco europeo, llevan mucho tiempo luchando por el
cumplimiento del tratado de Dublín como base para "restaurar la
confianza" entre los países de primera entrada, que deben
registrar las llegadas, y aquellos receptores de los llamados
movimientos secundarios, es decir, los que se desplazan dentro
de la UE para llegar a familiares, amigos o incluso a mejores
condiciones de vida.
Precisamente para contrarrestar el fenómeno, Francia ha
decidido, por su parte, desplegar 150 agentes adicionales en la
frontera con Italia, a partir de la próxima semana.
Una forma, para el Gobierno de Emmanuel Macron, acorralado
por el repunte de las encuestas del partido de Marine Le Pen, de
demostrar su determinación en la lucha contra los flujos
irregulares, a pesar del sensacional aplazamiento -otro más en
pocos meses- de un ambicioso proyecto de ley sobre inmigración
que al presidente le hubiera gustado plasmar para el verano pero
carece de respaldos en el parlamento.
El expediente migratorio se confirma cada vez más como la
gran asignatura pendiente de Europa, que, entre distinciones
legítimas y egoísmos miopes, corre el riesgo, incluso en esta
legislatura, de no culminar la tan anunciada reforma "holística"
de las normas sobre gestión de fronteras comunes, repatriaciones
y cuotas de reubicación.
Ejemplo del día. La derecha presentó una coalición a la
Eurocámara para "declarar la guerra abierta al Pacto de
Migración y Asilo de la UE", anunciada en rueda de prensa por un
grupo de eurodiputados de la ECR (Conservadores y reformistas) y
el LD (Alianza de los Liberales), del que sin embargo ni la Liga
ni FdI (Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni)
forman parte.
El grupo -que incluía delegados de Rassemblement National
de Le Pen, Vox (derecha española) y AFD (Alternativa Alemana)-
anunció su batalla en las capitales y en el Consejo para
modificar el texto aprobado la semana pasada por la Cámara
Europea, eliminando en particular la mención a las
"reubicaciones obligatorias". Eso justamente es el caballo de
batalla de los países del sur, reunidos en el club Med5. (ANSA).
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