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Obispado italiano objeta el estado de emergencia

Bloqueos a los solicitantes de asilo. La Cruz Roja en Lampedusa

ROMA, 13 abril 2023, 16:24

Redaccion ANSA

ANSACheck
El gobierno de la premier italiana, Giorgia Meloni, arremete contra los solicitantes de asilo, confirma de este modo la línea dura en la lucha contra la inmigración irregular y presenta en el Senado una enmienda al decreto Cutro que pretende limitar el régimen especial de protección para quienes desembarcan en las costas italianas.
    El objetivo es desincentivar las salidas desde el norte de Africa.
    Sin embargo, la estrategia general del ejecutivo, que declaró el estado de emergencia para los inmigrantes, es criticada por los obispos italianos. Según el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia (CEI), la verdadera emergencia está en Lampedusa desde hace varios meses.
    Con la multiplicación de llegadas desde el norte de Africa (más del 300% en los primeros meses de 2023 respecto al año pasado), el gobierno decidió adoptar nuevas herramientas para disuadir los flujos irregulares. Esto fue presentando a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dos maxi-enmiendas al decreto Cutro (nacido en la tragedia ocurrida en febrero en ese lugar de Calabria).
    Entre las principales medidas, destaca la ya contenida en los decretos de seguridad firmados por Matteo Salvini como ministro del Interior en el gobierno de Giuseppe Conte, que prevé una represión de la protección especial: la intención es excluir la posibilidad de acoger a los solicitantes de asilo en la red del sistema de acogida e integración gestionada con los Municipios.
    Así los migrantes tendrán que acudir a los centros de acogida de "extranjeros irregulares" y puntos de acceso, hasta que se resuelva la solicitud de asilo.
    En cuanto a Lampedusa, donde se concentran las llegadas, se propuso un enlace marítimo adicional para garantizar el traslado de al menos 400 migrantes al día desde la isla hasta un puerto del sur de Sicilia.
    Mientras que hasta el 31 de diciembre de 2025, el ministerio del Interior podrá hacer uso de la Cruz Roja Italiana para la gestión del punto de acceso.
    El nuevo decreto deberá ser examinado en el Senado entre el 18 y el 20 de abril, antes de pasar a la Cámara para el visto bueno definitivo, pero ya llegaron las críticas, empezando por los obispos.
    El cardenal Zuppi, en particular, cuestionó la decisión del gobierno de declarar el estado de emergencia: "Incluso en situaciones con más de 170.000 visitantes al año, como en 2014, la emergencia no ha sido declarada", recordó el presidente de la CEI, subrayando que "la verdadera emergencia es Lampedusa desde hace meses".
    Zuppi también rechazó la decisión de estrechar los vínculos de la protección especial, y, en cambio, instó a que se aplique correctamente "la normal".
    Además de la normativa contra los flujos irregulares, en Roma queda abierto el canal con Túnez (hace apenas dos días, frente a las costas de Sfax, otro naufragio con más de 20 muertos).
    En el plano bilateral se trabaja en dos direcciones: "reforzar la lucha contra los traficantes de seres humanos" y alimentar los cauces legales, informó el canciller, Antonio Tajani, tras un encuentro con su colega tunecino, Nabil Ammar.
    Anunciando que pronto llegarán a Italia "4.000 trabajadores formados en Túnez".
    Más decisivo aún es el juego por la liberación del préstamo de 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ve lastrado por la resistencia de los europeos y sobre todo de Washington, por la falta de confianza depositada en el presidente tunecino, Kais Saied.
    Italia respondió a estas objeciones subrayando que en Túnez, a pesar de todos los puntos críticos del caso, hay un "gobierno legítimo" y por eso hay que respetarlo.
    Por tanto, insistió el titular de Asuntos Exteriores, para evitar que el país se hunda la mejor solución es "empezar a financiar a Túnez con un primer tramo" y condicionar los préstamos posteriores a la "implementación progresiva de reformas". Contamos con Italia para presionar también a la UE, subrayó por su parte el ministro Ammar.
    Desde Bruselas llegó una ayuda sobre el dossier de desembarcos: la Comisión anunció que había "comenzado a trabajar en un nuevo programa regional contra el tráfico de migrantes en el norte de Africa".
    Con "actividades específicas contra el contrabando, particularmente en Marruecos, Egipto y Túnez". La comisaria del Interior, Ylva Johansson, volará a Túnez a finales de abril para discutirlo.
   

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