El gobierno italiano afirmó hoy que son infundados los temores expresados ;;por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, sobre las consecuencias que el decreto sobre las ONG pueda tener sobre su capacidad para salvar vidas en el Mediterráneo y sobre las personas salvadas.
Así se destaca en la carta de respuesta enviada por el Gobierno italiano a Mijatovic, a la que tuvo acceso ANSA.
"A diferencia de lo que se ha afirmado, las nuevas disposiciones no impiden que las ONG realicen más operaciones de rescate, ni las obligan, y mucho menos, a ignorar cualquier solicitud de ayuda si ya han llevado a otras personas a bordo", se lee en el comunicado del gobierno.
"Lo que la nueva ley pretende evitar es más bien la actividad sistemática de recuperación de migrantes en las aguas frente a las costas de Libia y Túnez para traerlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación", precisa el texto.
Agrega que "tal conducta, generalizada entre las ONG, queda fuera de las disposiciones de los convenios internacionales sobre salvamento en el mar".
Luego, el gobierno especifica que la asignación de puertos seguros en el centro y norte de Italia se realiza para redistribuir las cargas organizativas y logísticas relacionadas con la gestión de los desembarcos entre las regiones, aligerando así la carga en Lampedusa, Sicilia y Calabria.
Además, se agrega que los buques a los que se asignan los puertos más alejados son de gran tamaño y, por tanto, pueden realizar largas travesías con seguridad, y que antes de la asignación del puerto se asegura que no se produzcan situaciones de riesgo para la seguridad de las personas a bordo.
"Además, parece infundado el temor de que lo contenido en la nueva normativa sobre la necesidad de que los buques 'posean los requisitos de idoneidad técnico-náutica' pueda determinar la necesidad de largos y repetidos controles que los mantendrían alejados durante mucho tiempo de la actividad de búsqueda y rescate", se lee.
La carta termina con una referencia a la cuestión de las repatriaciones desde Italia a Grecia, definidas como "infundadas".
Mijatovic pidió en una carta enviada el 26 de enero al ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, que "el gobierno italiano debe considerar la posibilidad de retirar el decreto ley" sobre las ONG o adoptar todos los cambios necesarios durante el debate parlamentario "para garantizar que el texto cumpla plenamente con las obligaciones del país en términos de derechos humanos y derecho internacional.
Mijatovic señala que "le preocupa que algunas de las normas contenidas en el decreto obstaculicen la prestación de asistencia vital por parte de las ONG en el Mediterráneo central".
En particular, según la comisaria, lo dispuesto en el decreto, según el cual los buques deben llegar sin demora al puerto asignado para el desembarco de los rescatados, "como ya ha ocurrido, impide que las ONG realicen múltiples rescates en el mar, obligándolos a ignorar otras llamadas de socorro en el área si ya tienen personas a bordo".
También, señala que "al respetar esta disposición, los comandantes de las ONG de hecho incumplirían sus obligaciones de rescate consagradas en el derecho internacional".
Además, Mijatovic dice estar preocupada por el hecho de que "los barcos de las ONG fueron asignados a lugares distantes en el centro y norte de Italia como puertos seguros", un hecho que, entre otras cosas, "prolonga el sufrimiento de las personas rescatadas en el mar y retrasa indebidamente la provisión de asistencia adecuada para satisfacer sus necesidades básicas".
"Entiendo -escribió Mijatovic- que la adopción de esta práctica surgió con la intención de asegurar una mejor redistribución de los migrantes y solicitantes de asilo en el territorio nacional".
"Esto podría lograrse desembarcando rápidamente a las personas rescatadas y asegurándose de que existan arreglos prácticos alternativos para redistribuirlos a otras partes del país", agregó.
Mijatovic también se refirió a "la vaguedad de la noción de 'cumplimiento de los requisitos técnicos' contenida en el decreto y que podría dar lugar a largas y repetidas inspecciones de seguridad de las embarcaciones de las ONG, impidiéndoles reanudar las labores de rescate".
Finalmente, la comisaria toca otros dos puntos de la política migratoria italiana.
Por un lado, pide al gobierno de Giorgia Meloni que suspenda la cooperación con Libia y, por otro, solicita información "sobre las denuncias, contenidas en algunos medios de comunicación, sobre la práctica de repatriar personas de Italia a Grecia en barcos privados, donde se priva a las personas de su libertad en condiciones muy preocupantes y sin haber tenido la oportunidad de presentar una solicitud de asilo en Italia".
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