Así lo transmitieron los cuatro fiscales del caso al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, informaron fuentes judiciales.
El delito de malversación puede acarrear una pena de hasta 12 años de cárcel.
La ley de amnistía contempla que no será aplicable en el delito de malversación cuando haya habido enriquecimiento personal, según señalan los fiscales.
Sí consideran aplicable la amnistía para los otros delitos que se atribuyen a Puigdemont de desórdenes públicos y desobediencia.
La cúpula de la fiscalía también considera que no procede levantar las órdenes de detención contra Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, y el resto de fugados.
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