Se trata de una disposición a la espera de la decisión final sobre el caso relativo al allanamiento del 5 de abril por parte de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la representación mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se había refugiado allí para recibir asilo.
En su decisión, la Corte consideró que "las circunstancias, tal como se presentan, no son tales que requieran el ejercicio de la facultad de indicar medidas provisionales prevista por el Estatuto".
Sin embargo, el Cij subrayó "la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena" en el "desarrollo de las relaciones entre Estados", como "el de la inviolabilidad de los diplomáticos y las embajadas".
En particular, recordó la Corte, "la institución de la diplomacia, con sus privilegios e inmunidades conexos, ha resistido la prueba de siglos y ha demostrado ser un instrumento esencial de cooperación eficaz en la comunidad internacional, que permite a los Estados, a pesar de las diferencias en sus sistemas constitucionales y sociales, para lograr el entendimiento mutuo y resolver las diferencias por medios pacíficos." Para concluir que la indicación de medidas provisionales no era necesaria, la Corte se basó en las seguridades brindadas por Ecuador, tanto por escrito como en audiencia pública. Y esto, se dice finalmente, "sugiere que no existe un riesgo real e inminente de daño irreparable a los derechos de México".
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