El denominado juicio a las juntas militares que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires entre los años 1984 y 1985 constituyó, sin dudas, uno de los hechos fundantes de la transición democrática argentina.
La década de los años setenta fue de una enorme violencia política en la Argentina. Numerosas organizaciones armadas realizaron gran cantidad de actos terroristas, colocación de bombas, secuestros, robos, incendios, copamientos de unidades militares y policiales, torturas y asesinatos.
Pese a contar con importantes facultades para conjurar esa situación, las fuerzas armadas derrocaron al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976 invocando la necesidad de derrotar definitivamente al terrorismo.
Con el dominio del aparato estatal los comandantes de cada fuerza instrumentaron un sistema de represión ilegal, cruel y sanguinario.
Ordenaron al personal bajo su dependencia secuestrar a las personas sospechosas de estar vinculadas al terrorismo, conducirlas a centros de detención, torturarlas salvajemente para tratar de obtener información de sus compañeros y actividades, mantenerlas en condiciones inhumanas de vida para tratar de quebrar su resistencia, y por fin o bien "legalizarlas" poniéndolas a disposición de la justicia militar o del Poder Ejecutivo, o dejarlas en libertad sigilosamente, o bien lisa y llanamente asesinarlas por diversos métodos haciendo desaparecer sus restos mortales.
Miles de personas fueron víctimas de este sistema que alcanzó también a familiares, amigos o allegados. También fueron habituales los saqueos y robos a las propiedades de las víctimas, las violaciones y abusos sexuales a las mujeres y la apropiación de los niños que nacieron durante el cautiverio de las madres.
Todo esto sucedió en la clandestinidad más absoluta, el gobierno militar negaba a los jueces que se hubiera detenido a persona alguna y se contestaba negativamente a los gobiernos extranjeros. Esa falta de información dio lugar a que los familiares de las víctimas comenzaron a reunirse para tratar de romper ese muro de silencio.
Nacieron así las célebres madres de Plaza de Mayo, un conjunto de madres que marchaban semanalmente en esa plaza para protestar por la falta de noticias sobre sus seres queridos.
Antes de entregar el poder el gobierno militar dictó una ley de amnistía respecto de los hechos ocurridos en la lucha contra el terrorismo y declaró que ese capítulo se encontraba definitivamente cerrado. Gran parte de la opinión pública, los principales medios de comunicación, los empresarios y la iglesia, entendían también que no debían reabrirse heridas revisando el pasado, que ello traería consigo divisiones que entorpecerían la transición democrática. No existían tampoco precedentes en el derecho interno ni tampoco en el mundo.
Si bien el juicio de Nüremberg había establecido el principio de responsabilidad individual por los crímenes cometidos en la guerra, se trató de un proceso impulsado por los vencedores. Los precedentes de Grecia y Portugal en los años setenta también tenían características diferentes. Lo normal entonces hubiera sido mantener la vigencia de la amnistía y no hacer nada.
Quien actuó contra la corriente fue el presidente electo, Raúl Alfonsín, quien consideró que la democracia no podía edificarse sobre la base de la impunidad. Mandó un proyecto de ley al Congreso anulando la amnistía y le ordenó al máximo tribunal militar que enjuiciara a las juntas militares. A su vez, Alfonsín creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas para que investigara la verdad de lo ocurrido.
La verdad es un elemento central en cualquier transición, repara el dolor de las víctimas, les devuelve su dignidad y posibilita el repudio social sobre lo ocurrido.
Debido a las demoras injustificadas que tenía el proceso en el ámbito militar, un tribunal civil hizo uso de una autorización legal y asumió el conocimiento de las actuaciones.
En un tiempo récord, sólo catorce meses, juzgó a los integrantes de las juntas militares en una audiencia oral y pública. Cinco excomandantes fueron condenados a prisión, dos de ellos a perpetua.
Más allá del aporte que hizo el juicio en el terreno internacional, al mostrar el camino de la verdad y justicia en las transiciones, para los argentinos constituyó el cimiento de la consolidación de la democracia, pues posibilitó que ésta se edificara sobre la base del estado de derecho y contribuyó a un fuerte consenso respecto de la condena a toda forma de violencia política y a cualquier dictadura. (ANSA) NOTA: El autor, Ricardo Gil Lavedra, Integró el tribunal que juzgó a las juntas militares. También fue ministro de Justicia y Derechos Humanos (1999-2000). Actualmente es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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