(ANSA) - El ex premier Giuseppe Conte y quien fuera su ministro de Salud, Roberto Speranza, quedaron en posiciones diferentes al revelarse documentos de las primeras respuestas tomadas por el gobierno italiano en 2020 ante la explosión de casos de covid en Bérgamo, que investiga la fiscalía de esa región.
El ex presidente del Gobierno está acusado de no haber establecido la zona roja en los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, a pesar de "el nuevo aumento de contagios" en Lombardía y "la constatación de las condiciones que ) correspondían a las más 'catastróficas' ", según la acusación.
Esto no alcanza a Speranza, quien solo es responsable por la falta de implementación del plan pandémico.
De hecho, el entonces ministro de Salud había firmado un proyecto de decreto con el que proponía extender la medida urgente de "contención de contagios" ya adoptada en el área de Lodi, a los dos municipios del área de Bérgamo.
Sin embargo, este borrador no fue firmado por Conte. Ambos documentos ya fueron enviados al Ministerio Público de Brescia, quien luego la elevará al tribunal.
Los fiscales de Brescia tienen 15 días para examinarlos, luego de lo cual los enviarán al tribunal de ministros, un panel de tres jueces de Brescia, que analiza todos los pedios de investigación.
Fiscalía de Bergamo cerró este jueves las investigaciones sobre la gestión del Covid-19 en la región al inicio de la pandemia y decidió denunciar tanto a Conte como a Speranza.
Además, serán procesadas otras 17 personas, entre ellas el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, el Consejero de Bienestar de la misma región, Giulio Gallera, el ex coordinador del Comité Técnico-Científico de la pandemia Agostino Miozzo. y el ex jefe de Defensa Civil Angelo Borrelli.
La investigación se realizó para determinar posibles responsabilidades y omisiones de agentes públicos entre febrero y abril de 2020, cuando Bergamo y ciudades cercanas registraron más de seis mil muertos por encima del promedio de la época.
La tragedia en la localidad se convirtió en símbolo de la gravedad de la crisis sanitaria, cuando se viralizó la imagen de camiones militares esperando ataúdes en los hospitales de la ciudad.
El caso fue investigado por los fiscales Antonio Chiappani, Cristina Rota, Silvia Marchina y Paolo Mandurino, y la mayoría de los investigados deben responder por homicidio culposo (cuando no hay intención de matar) y omisión de actos oficiales.
La investigación se dividió básicamente en tres puntos principales: la apertura y el cierre repentino del hospital de Alzano, la falta de creación de una "zona roja" en Val Seriana en pleno apogeo de los contagios y masificación de las unidades sanitarias, y la falta de un plan de pandemia actualizado para combatir el riesgo de una crisis de esta magnitud en el país.
Luego de que los medios italianos revelaran la decisión, Conte se expresó a través de una nota oficial.
"Me enteré por las agencias de noticias sobre la decisión de la investigación de Bérgamo, anticipo rápidamente mi máxima disponibilidad y colaboración con el poder judicial. Estoy en paz con el país y los ciudadanos italianos por haber actuado con el máximo compromiso y con pleno sentido de la responsabilidad durante uno de los momentos más duros que ha vivido nuestra república", dijo el actual líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S).
Por su parte, Speranza expresó que "siempre creí que todos los que tenían responsabilidad en el manejo de la pandemia deben estar listos para rendir cuentas. "Estoy muy sereno y seguro de haber actuado siempre con disciplina y honor en el interés exclusivo de la patria. Tengo plena confianza en la justicia".
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