La prensa oficial reveló que el pasado día 27 el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, "convocó a la Cancillería al Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Benjamin Ziff, para trasladar formalmente la enérgica protesta de Cuba por el otorgamiento de asilo político a Rubén Martínez Machado" el piloto. Calificó a Martínez Machado como "autor del secuestro de una aeronave civil cubana el pasado 21 de octubre de 2022". El gobierno cubano subrayó que "los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales ratificados por Cuba y los Estados Unidos". Agregó que "este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas en correspondencia con lo estipulado en los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), y que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza constituyen un precedente negativo y peligroso". Expuso además que "otorgar asilo político a quien cometió el secuestro de una aeronave con fines de emigrar constituye, además, una violación de lo consignado en la Declaración Conjunta en materia migratoria suscrita por ambos países el 12 de enero de 2017. Recordó que ese documento establece la obligación de las partes a "desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, promover la cooperación bilateral eficaz para prevenir, y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios, que ponen en peligro su seguridad nacional, incluyendo el secuestro de aeronaves y embarcaciones". El viceministro De Cossio afirmó que "la historia de la piratería aérea alentada y tolerada por los Estados Unidos con fines de desestabilización y hostilidad política contra Cuba tiene una trayectoria conocida y de consecuencias muy negativas y sensibles". Ello, estimó, "debería servir de enseñanza para que el gobierno estadounidense asuma una conducta responsable ante hechos de tanta gravedad". Acusó al gobierno y al sistema judicial estadounidense de tomar una decisión que "los convierte, en la práctica, en cómplices y estimuladores de la piratería y el secuestro aéreo, delitos que, de tolerarse y protegerse, podrían estimular actos ilícitos similares con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países".
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