(ANSA) - ROMA, 16 FEB - El jefe ONU para los Derechos
Humanos, Volker Turk, expresó "serias preocupaciones" -precisa
una nota del Alto comisionado de Ginebra- "por una propuesta de
ley en Italia que podría obstaculizar el suministro de
asistencia para salvar vidas por parte de las organizaciones
humanitarias de búsqueda y socorro (SAR) en el Mediterráneo
central, con consiguientes más muertes en el mar".
La referencia es al decreto ley sobre ONGs aprobado el
miércoles por la Cámara de Diputados y que deberá ser examinado
por el Senado la próxima semana.
"Observamos todos con horror la difícil situación de
aquellos que atraviesan el Mediterráneo y el deseo de poner fin
a aquel sufrimiento es profundo. Pero ello es simplemente un
modo equivocado de afrontar esta crisis humanitaria", afirmó
Türk.
"La ley castigaría eficazmente tanto a los migrantes como
aquellos que buscan ayudarlos. Esta penalización de las acciones
humanitarias probablemente desalentaría a las organizaciones
humanitarias y por los derechos humanos de cumplir su crucial
trabajo", agregó el Alto comisionado.
La propuesta de ley -se observa aún en la nota- prevé además
que las naves de auxilio humanitario se dirijan a puerto
inmediatamente luego de cada socorro, renunciando a ulteriores
auxilios aunque se hallen cerca de personas en dificultades.
"Al mismo tiempo -agrega- Italia recientemente propuso
puertos de desembarco distantes para las personas socorridas en
el mar, a veces días de navegación lejos del sitio de salvataje
original, haciendo más difícil para las naves que podrían
intentar efectuar los más socorros.
El Alto comisionado aseveró que la propuesta de ley podría
además aumentar las interceptaciones y las repatriaciones a
Libia, un lugar que la Oficina para los derechos humanos de la
ONU repetidamente afirmó que no puede ser considerado un puerto
seguro de desembarco.
En base al proyecto de ley, las tripulaciones a bordo de las
naves deben registrar cada persona que pretenda pedir protección
internacional. Las organizaciones no gubernamentales que no
respeten las nuevas reglas estarán sujetas a sanciones
administrativas, multas y el secuestro de su embarcación.
El Alto comisionado exhortó al gobierno italiano a retirar
el proyecto de ley y a consultar a los grupos de la sociedad
civil, en particular las ONGs de búsqueda y socorro, "para
garantizar que cualquier propuesta de ley esté plenamente
conforme con el derecho internacional de derechos humanos, el
derecho internacional sobre refugiados y otros paneles jurídicos
aplicables, incluida la Convención ONU sobre el derecho del mar
y la Convención internacional sobre búsqueda y salvamento en el
mar", concluye la nota. (ANSA).
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