La directiva sobre las "casas verdes" se hace realidad en la Unión Europea y las controversias sobre las inversiones necesarias están de regreso. En efecto, los ministros europeos en el Consejo Ecofin confirmaron el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre para llevar los edificios a cero emisiones para 2050.
Sin embargo, en el Consejo de Luxemburgo, Italia y Hungría votaron en contra, mientras que República Checa, Croacia, Polonia, Eslovaquia y Suecia se abstuvieron.
El ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, explicó que votaron en contra de la directiva, en un "proceso lamentablemente ha terminado. Es una directiva hermosa y ambiciosa, pero al final ¿quién paga?", se preguntó.
"Tenemos experiencias en Italia en las que algunos afortunados han renovado sus casas gracias al dinero que ha aportado el Estado, es decir, todos los demás italianos, y digamos que es una experiencia que podría enseñarnos algo", dijo en clara referencia al Superbonus.
Y en Roma continúan las evaluaciones sobre el impacto del Superbonus en las finanzas públicas: "Si fuera por mí, permitiría que las deducciones se repartieran en diez años", afirmó Giorgetti. "Pero el Parlamento decide".
El texto de la directiva sobre "Casas Verdes" llegará ahora al Boletín oficial para la entrada en vigencia al cabo de veinte días.
Los Estados miembros tendrán dos años para transponerlo a la legislación nacional.
La Comisión de la Unión Europea recordó la amplia discreción que tendrán los gobiernos nacionales para alcanzar los objetivos acordados, también respecto de qué edificios entrarán dentro de las normas. Además, en las negociaciones sobre la reforma se cambió sustancialmente el marco inicial, que fijaba una lista y común en la UE para los edificios sobre los que intervenir.
Sin embargo, la estimación del ejecutivo comunitario es que, de aquí a 2030, se necesitarán 275.000 millones de euros de inversiones anuales para la renovación de edificios.
La problemática directiva propuesta por la Comisión en 2021 está diseñada teniendo en cuenta que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE provienen de los edificios.
Según las ambiciones de las nuevas normas para 2030, todos los edificios nuevos deberían tener cero emisiones (2028 para los edificios públicos), mientras que todo el parque de edificios de la UE debería tener cero emisiones para 2050.
La controversia en Italia se centró inmediatamente en la ausencia de financiación de la UE y de normas mínimas de rendimiento energético.
Las capitales, incluida Roma, tendrán que presentar ahora a Bruselas un plan nacional de reestructuración: una hoja de ruta sobre cómo pretenden alcanzar los objetivos.
La idea es que al menos el 16% de los edificios públicos con peor rendimiento sean renovados para 2030 y el 26% para 2033.
Para los hogares, se aplicará un objetivo de reducción del consumo de energía del 16% a partir de 2030 y del 20% para 2035.
Se podrá optar por aplicar exenciones para edificios históricos, agrícolas, militares o temporales.
La obligación de instalar paneles solares solo afectará a los edificios públicos de nueva construcción, y será, en todo caso, progresiva.
Los Estados tendrán entonces, hasta 2040, para decir adiós a las viejas calderas de combustibles fósiles, mientras que, a partir de 2025, deberán poner fin a los subsidios a las calderas autónomas.
Críticos de la reforma fueron Forza Italia ("medida ideológica", afirmó el senador Roberto Rosso), y Hermanos de Italia ("un texto desequilibrado que implica cargas excesivas", Carlo Fidanza). Por el contrario, el M5S sostuvo que el gobierno "va contra la seguridad energética y la descarbonización", mientras el Partido Democrático afirmó que la premier italiana, Giorgia Meloni, está "siempre del brazo de la Hungría de Orban y siempre en contra de los intereses de Italia" (Chiara Brega).
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