En un comunicado, la cancillería venezolana acusó a la Misión de "violar, una vez más, todos los principios de la Carta de la ONU, con el objeto de seguir intentando promover la política fracasada de cambio de régimen, instruida desde los Estados Unidos".
Al actualizar hoy su informe sobre Venezuela, la Misión concluyó que el gobierno de Maduro continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
"La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
"El mundo ha sido testigo hoy de una las páginas más vergonzosas en materia de Derechos Humanos. una Misión que emite juicios parcializados con fines meramente políticos, cómplice de sectores que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela y reiteradamente han exhibido planes de asesinar a su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo", replicó la cancillería.
Al respecto, exigió al Consejo de Derechos Humanos que "debe inmediatamente desestimar cualquier argumento amañado de dicha Misión, que no ha pisado nuestro país, y que utiliza métodos pocos profesionales para presentar un panfleto partidista".
Asimismo, advirtió que el gobierno venezolano no acepta ni aceptará, ninguna medida que se desprenda de "este adefesio", presentado ante un Consejo "que nada ha hecho para detener el genocidio al pueblo palestino y la consecuente violación de Derechos Humanos".
En este sentido, reiteró el compromiso de Venezuela con la promoción, respecto y protección de los Derechos Humanos como un valor supremo, en consonancia con sus obligaciones internacionales.
"Exhortamos una vez más al Consejo de los Derechos Humanos y sus Mecanismos a cooperar y avanzar sobre la base del dialogo genuino y respetando los principios de universalidad, objetividad, marcialidad, no selectividad y con pleno apego a la soberanía y lo no injerencia en asuntos internos", puntualizó.
Más temprano, El 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre "crímenes de lesa humanidad" que habrían cometido las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro en las protestas antigubernamentales del 2017, que dejaron más de 100 muertos.
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