(ANSA) ROMA - Se registró "un paso atrás", como consecuencia del llamado decreto Caivano, en el delicado y dramático sector de la justicia juvenil italiana, que ya ha visto a unos 500 jóvenes detenidos desde principios de año, una cifra récord en los últimos quince años.
El decreto - nacido tras el shock de las violaciones cometidas por menores en la zona napolitana que lleva ese nombre- está teniendo "efectos destructivos" en las "vías de recuperación" de los jóvenes delincuentes.
Así lo subraya el séptimo Informe que la ONG Antígona dedica cada año a la situación de los más jóvenes que acaban en el circuito de las comunidades de internamiento y acogida.
Entre los datos destacados por la asociación - que se ocupa de forma integral de los derechos de los reclusos - se encuentran los de la disparidad en el acceso a "tratamientos" menos severos.
Por ejemplo, a fines de 2023, tres de cada cuatro niños extranjeros presentes en instituciones penitenciarias de menores (IPM) estaban bajo custodia cautelar, mientras que de más de 6.500 órdenes de libertad condicional, sólo el 20% del total se referían a niños no italianos.
Por no hablar de que de los 496 menores detenidos -13 son niñas-, en más de la mitad de los casos se trata de niños extranjeros.
"Son los niños más difíciles de tratar", explica el Informe, "a menudo son menores extranjeros no acompañados con trastornos de conducta, problemas de adicción a sustancias, psicofármacos y/o alcohol, soledad, violencia sufrida durante los viajes migratorios".
"Son continuamente transferidos de IPM en IPM, imposibilitando su adecuada atención, y al cumplir los dieciocho años algunos directivos - resalta el Informe - son liberados definitivamente de ellos, enviándolos al sistema de adultos, en el que en los primeros 45 días de 2024 ya se acumulan 20 suicidios".
Es en las regiones del Noroeste donde se registra el mayor número de denuncias contra menores, tal vez, según la hipótesis del Informe, porque aquí la condición de quienes viven al margen del bienestar tiene más peso.
En general, el grueso de los delitos cometidos por menores se refieren a daños a la propiedad, los robos son el delito más cometido, y las violaciones de la ley contra las drogas han aumentado un 37,4%, casi el 23% de los delitos se cometen contra personas.
La presencia en el IPM está compuesta principalmente por niños y niñas menores de edad y "el grupo de edad más representado es el de 16 y 17 años, y en total los menores son la gran mayoría, casi el 60% de los presentes.
Hace dos años la situación era exactamente la contraria. La posibilidad cada vez mayor, introducida por el Decreto Caivano, de transferir a niños adultos del MIP a prisiones para adultos está mostrando sus efectos, con enormes daños para el futuro de los niños", señala el informe.
"El aumento de las penas y la posibilidad de dictar prisión preventiva, en particular por delitos leves relacionados con sustancias estupefacientes" seguirán "determinando una importante afluencia de jóvenes encarcelados, incluso en la fase cautelar".
"En lugar de intervenir en los servicios de toxicomanía y en la educación en las escuelas - señala Antígona - vamos a agravar una tendencia criminal que conducirá a más detenciones de menores que consumen sustancias psicotrópicas incluso ligeras y que a menudo se dedican sólo ocasionalmente al tráfico de drogas".
Para Ivan Scalfarotto, senador de Italia viva del Centro Renew Europe, "la política criminal del gobierno, compuesta de continuos aumentos de los delitos y de las penas, solo es inútil y perjudicial, más aún si se aplica contra menores".
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA