Media sanción a ley de reforma judicial

Se elimina el abuso de poder. Luz verde a la norma "mordaza"

(ANSA) - ROMA 13 FEB - Al final, el Senado dio luz verde al proyecto de ley Nordio, para la reforma de la justicia que deroga el abuso de poder. Es sólo el primer paso, pues la transformación deberá afrontar ahora el paso a la Cámara de Diputados y si no hay problemas será aprobada definitivamente.
    Después de seis meses de enfrentamientos, discusiones y obstruccionismo, la aprobación del Palacio Madama (sede del Senado) ve a la mayoría apoyada por Italia Viva y Azione del lado del sí (104) votos y de la oposición del lado del no (56).
    AVS (Verdes e izquierda), PD (Partido Demócrata) y M5S (Movimiento 5 Estrellas) acusan el hecho e complacer "a una cultura autoritaria y antiliberal que sólo protege a quienes ya tienen el poder". Al mismo tiempo, el Senado dio luz verde al artículo 4 de la ley de delegación europea que contiene el reglamento Costa, que limita la publicación de documentos judiciales, lo que la oposición ha denominado la "ley mordaza".
    El PD, M5S y AVS habían presentado enmiendas supresoras que luego fueron rechazadas por la Cámara.
    La votación del proyecto de ley Nordio, contrariamente a lo establecido, no fue tan transparente. El senador de Forza Italia Maurizio Gasparri hace un planteo enfático: "No les hace ningún honor, se ha protegido con voto secreto a aquellos colegas de la oposición que votaron con nosotros sobre una reforma de la libertad. Se lo agradezco", refiriéndose a los 17 votos secretos sobre las enmiendas acordadas con el M5S.
    El proyecto de ley Nordio, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, comenzó su examen en la Comisión de Justicia del Senado el 2 de agosto, donde ha transcurrido casi dos meses de audiencias (septiembre y octubre) y al menos una (enero) para las votaciones de las enmiendas.
    El debate en la Cámara comenzó el 6 de febrero con el informe de la ponente Giulia Bongiorno (Liga). El texto que llega a la Cámara trae cambios profundos: desaparece el abuso de poder y se reduce el alcance del tráfico ilícito de influencias limitado a conductas especialmente graves; se amplían las prohibiciones de escuchas telefónicas para periodistas; el objetivo es una mayor protección de la privacidad y se introduce la prohibición de escuchar conversaciones entre el sospechoso o acusado y su abogado.
    Además, el fiscal ya no podrá impugnar las sentencias absolutorias (a menos que se trate de delitos especialmente graves); un juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva y antes de la decisión el sospechoso debe ser interrogado por el juez, bajo pena de nulidad de la medida.
    Finalmente, una agenda compromete al gobierno a abrir una mesa de trabajo para modificar la ley Severino para una reorganización de la cuestión de delitos contra la administración pública.
    El ministro de Justicia, Carlo Nordio, se mostró satisfecho y al final de la votación subrayó: "para nosotros la presunción de inocencia es un síntoma de civismo. Y este es un principio innegociable mientras yo sea ministro". "El garantismo -añadió- es la certeza de la pena pero también su énfasis de la presunción de inocencia. La medida de hoy va en esta segunda dirección".
    "Es sólo el primer paso", afirman legisladores del oficialismo, que hablan de "nuevos desafíos". Para Hermanos de Italia (el partido de la premier Giorgia Meloni), a reforma "configura la Italia del futuro" y el senador Sergio Rastrelli habla de una paradoja. El PD "llegó a unirse carnalmente al Movimiento 5 Estrellas en una relación incestuosa y antinatural", disparó.
    La voz del subsecretario Andrea Ostellari de la Liga también surge de la mayoría: "es la confirmación de que la temporada de reformas ha comenzado y continuará en los próximos meses".
    Desde el M5S, el senador Roberto Scarpinato ataca "un sistema antidemocrático, antiigualitario y clasista", mientras Ilaria Cucchi (izquierda) habla de "un insulto a la democracia".
    Para la demócrata Anna Rossomando la norma "afirma una cultura antiliberal que deja a los ciudadanos sin protección". (ANSA).