Así lo demanda al secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron, un grupo de apoyo legal organizaciones y contra violaciones de derechos humanos con base en Gran Bretaña, informa The Guardian.
La carta, enviada la semana pasada, sostiene que el gobierno, como signatario de la Convención sobre el Genocidio, "está obligado a garantizar que no sea cómplice de las violaciones" y, "por lo tanto, las medidas provisionales emitidas por la CIJ tienen implicaciones inmediatas y urgentes para la política del Reino Unido".
El grupo dijo que el gobierno ahora "debe garantizar que de ninguna manera permita o sea cómplice de la comisión de actos que el tribunal ha considerado que podrían violar la convención".
Los firmantes añaden: "A la luz de las conclusiones del tribunal, ahora existe un riesgo claro, como se establece en los criterios de autorización de exportación estratégica, de que las armas y el equipo militar británicos transferidos a Israel puedan usarse para facilitar o cometer violaciones de la Convención sobre Genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario".
Y por eso subrayan que el Ejecutivo británico "debe volverse mucho más contundente en su condena" de cualquier declaración y retórica del gobierno israelí que pueda considerarse una incitación al genocidio.
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