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Chile y plan Cóndor, lucha por extradiciones en Italia

Exoficiales de la dictadura culpables de la muerte de italianos

BUENOS AIRES, 05 mayo 2023, 14:25

Redaccion ANSA

ANSACheck
Una dura batalla judicial está en marcha entre Italia y Chile para obtener la extradición de cinco ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas condenados por la justicia de Roma a cadena perpetua tras haber sido declarados culpables de la eliminación de ciudadanos italianos o ítalo-chilenos durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
    Las condenas se produjeron en el marco del maxi juicio celebrado en Roma contra decenas de oficiales y suboficiales implicados en la Operación Cóndor, el macabro plan orquestado por Pinochet con la participación de militares en el poder en la década de los 70 no solo en Chile, sino también en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.
    Los cinco ex oficiales chilenos que Italia pide que se le entreguen para la ejecución de la pena son tres, por una primera sentencia extraída del gran juicio contra los protagonistas del Plan Cóndor: Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán, y Rafael Ahumada Valderrama, condenado por el asesinato de Juan José Montiglio y Omar Venturelli.
    Y los otros dos -Daniel Aguirre Mora y Pedro Espinoza Bravo- por la sentencia del juicio principal sobre una veintena de ciudadanos italianos e ítalo-chilenos asesinados o desaparecidos.
    Las solicitudes fueron remitidas hace algún tiempo por los tribunales italianos, pero se desconocen los tiempos que la contraparte chilena estime necesarios para aceptar, o no, la posible ejecución de las extradiciones.
    Se trata de una acción muy significativa, que se produce mientras Chile se prepara para conmemorar los 50 años del golpe de Estado que puso fin al gobierno socialista del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
    Hace unos días, la Corte Suprema de Chile dio otro pequeño pero significativo paso para resolver la disputa, al ordenar el arresto domiciliario para cuatro de los cinco ex oficiales, contra los cuales solo existía una medida de prohibición de salir del país.
    El quinto, Espinoza Bravo, no necesitaba la orden porque ya estaba preso en Punta Peuco.
    Para el abogado Francisco Bustos, quien defiende a los familiares de las víctimas, la disposición emitida por el máximo tribunal chileno es de gran importancia, ya que "al estar cerca del final de esta fase del proceso, se reconoce la necesidad de garantizar que quienes son objeto de la solicitud italiana están a disposición del tribunal".
    "De la misma manera -concluyó el abogado- confío en que demostraremos que se cumplen todos los requisitos para acceder a la extradición".
    Bustos, junto a su colega Nelson Caucoto, sigue la última fase del juicio en Chile, actuando en representación de la hija de Montiglio, la parte afectada ante la justicia penal de Roma.
    En el momento del asesinato Montiglio tenía 24 años, era miembro del Partido Socialista y jefe del Gap (Grupo de amigos de Allende), la guardia personal del jefe de Estado.
    Fue detenido en el palacio de La Moneda el día del golpe militar, llevado luego al regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973.
    Venturelli, en cambio, había sido uno de los sacerdotes que había guiado a los mapuches en la ocupación de las tierras, por lo que fue suspendido "a divinis" por el obispo Bernardino Piñera.
    Profesor de la Universidad Católica 3 de Temuco, se entregó el 25 de septiembre de 1973 en el cuartel de Tucapel, donde fue visto con vida por otros presos hasta el 10 de octubre, fecha en la que se presume fue asesinado.
   

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