(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 04 MAG - Tras dos años de que se
conocieran las primeras denuncias, la Fiscalía investigará
penalmente a Raúl Torrealba, quien por 25 años estuvo al frente
de Vitacura, la comuna más rica de Chile.
Con tan solo 85.400 habitantes, Vitacura es el lugar de
mejor calidad de vida de la capital, con zonas planas y
montañosas a los pies de la Cordillera de los Andes y a menos de
una hora del centro de Santiago.
En un escrito ingresado en el Cuarto Juzgado de Garantía de
Santiago, donde se solicita una audiencia para la formalización
del exmilitante del derechista partido Renovación Nacional, se
explica que se le imputan maniobras para defraudar el erario
fiscal y asociación ilícita, según informó La Tercera on line.
Los mismos cargos se levantarán en contra de su otrora
estrecha colaboradora, Antonia Larraín, el exdirector de las
corporaciones "Vita" Domingo Prieto y excontadores que han sido
una pieza clave para esclarecer el mecanismo que operó en
Vitacura.
Prieto fue el hombre que dio a conocer las graves
irregularidades mediante las cuales se le entregaban
mensualmente a Torrealba sobres con dinero en efectivo a
Torrealba por un monto acumulado de 2,8 millones de dólares.
Una vez que el caso fue revelado, la publicista y entonces
directora (s) de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín,
decidió "autodenunciarse" y colaborar con el Ministerio Público.
"Manipulé sobres con dinero", reconoció y agregó que "esto
ocurre desde hace tres años, desde el mes de julio o agosto de
2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de
Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde
Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los
meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de 5 millones
de pesos (6.250 dólares) que debía entregárselo a él. Este sobre
lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría
Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea
materna".
La petición de formalización se hizo en extrema reserva en
una causa que ha tenido varios meses secreto debido a que se
tramita bajo la ley de lavado de activos. Si bien en un inicio
el fiscal decidió no imputar este ilícito, es una línea hebra
que seguirá vigente mientras dure la investigación. (ANSA).
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