"Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales", advirtió la ONG en su informe difundido este lunes.
Además, indicó que las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.
En este sentido, detalló que, de los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso, 68 fueron de estigmatización, 25 de intimidación y hostigamiento, 10 de amenaza, una detención arbitraria y un ataque digital.
Asimismo, indicó que 50 % de los victimarios fueron los funcionarios públicos, principalmente diputados y miembros del Ejecutivo, 29 % fueron medios de comunicación afines al oficialismo, 17% personas o agrupaciones "afecta a los intereses políticos del Estado", 3 % instituciones públicas y 1 % organismos de seguridad.
La ONG expresó su preocupación por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
"El avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos", alertó.
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