La Corte Suprema chilena acogió los recursos de casación interpuestos por querellantes del Caso Colombo, montaje de la DINA -aparato represivo de la dictadura- para negar la existencia de los detenidos desaparecidos y encubrir el asesinato de 119 opositores.
    El máximo tribunal reemplazó la sentencia y condena de 59 agentes represivos por su responsabilidad en los secuestros calificados de 16 militantes de izquierda.
    La segunda sala condenó a César Manríquez, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y Miguel Krassnoff a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los delitos. Otros 53 agentes deberán purgar 10 años y un día de presidio, como autores.
    A juicio de la Corte, "los hechos fueron cometidos en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, lo que determinó que los ilícitos establecidos fueran además considerados como crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas ius cogens del derecho internacional humanitario, y por lo mismo, sometidos a dicho estatuto jurídico internacional".
    La lista de los detenidos desaparecidos aparecieron publicados en los medios "O'Dia" y "Novo O'Dia", de Brasil, y "Lea", de Argentina, los que tuvieron un solo número de circulación. Los detenidos, de acuerdo a lo que pudo constatar la Corte, fueron llevados a los centros de detención clandestinos José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Londres 38, Clínica Santa Lucía y Venda Sexy.
    La Suprema condenó al fisco a pagar indemnizaciones a los familiares que van de 37.500 a 150.000 dólares por daño moral.
    Las víctimas son Francisco Aedo, Juan Antequera, Jorge Antequera, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Juan Carlos Rodríguez, Rodolfo Espejo, Agustín Fiorasso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Jilberto Urbina e Ida Vera.
   

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