El reporte aseguró que el año anterior esa oficina verificó que se cometieron 116 asesinatos de defensores de derechos humanos, el 73% de ellos perpetrados por grupos armados ilegales.
Las cifras aumentaron si se comparan con 2021, cuando esa misma dependencia de la ONU comprobó que 100 defensores de comunitarios fueron acribillados, mientras que en 2020 las balas de la violencia acabaron con la vida de 94 líderes de derechos humanos, en su mayoría regionales.
Pese a que la ONU resaltó el "plan de emergencia" del gobierno para salvaguardar la vida de los defensores de derechos humanos, advirtió que es necesaria una implementación fuerte y estructurada del modelo, al tiempo que reclamó mejorar las condiciones de seguridad de los líderes sociales amenazados.
Otro indicador de la grave violencia por la que atraviesa el país fueron las 92 masacres cometidas en 2022, en las que murieron 371 personas, incluidos 21 niños, en hechos también atribuidos mayoritariamente a organizaciones criminales.
En 2021 esa oficina registró 78 masacres y en 2022 reportó 76 asesinatos múltiples.
La ACNUDH citó en su informe anual los datos suministrados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que informó de 82.862 personas que fueron desplazadas de sus hogares y territorios, mientras que otras 102.395 fueron confinadas por orden de grupos armados ilegales durante 2022.
De la violencia territorial tampoco se salvaron los ex combatientes de las antiguas FARC. El año anterior fueron asesinados 50 ex guerrilleros, de manera que desde 2016 han sido acribillados 335 firmantes de la paz.
Durante el periodo analizado la oficina de la ONU conoció de 115 niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales, de los cuales 20 fueron asesinados y 12 niñas agredidas sexualmente.
Ante este crudo panorama de violencia en el país, la ACNUDH le sugirió al gobierno de Gustavo Petro que les exija a las organizaciones criminales "desescalar la violencia y mitigar sus impactos", en el marco de los acercamientos de paz con esos grupos.
También reclamó la presencia completa del Estado en los territorios donde se concentran las matanzas y asesinatos selectivos e implementar en su totalidad el acuerdo de paz con las antiguas FARC, entre otras sugerencias.
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