"Parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial", argumentó Osuna en declaraciones a radios locales.
La decisión, que dependerá de un trámite legal, se tomaría después de la segunda semana de abril y el Ministro aseguró que la iniciativa busca modernizar la institución, hacerla más cercana al ciudadano y formar a los oficiales en "profesionales en resolución de conflictos".
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