(ANSA) - En una carta enviada al gobierno y a los sindicatos con fecha del 1 de diciembre de 2023, Alitalia anunció "el inicio de un procedimiento que, a pesar de sí mismo, conduce a despidos por reducción de personal".
La carta de Alitalia afirma que "2.840 trabajadores siguen actualmente empleados por la Administración Extraordinaria, de los cuales 2.668 están suspendidos en CIG a cero horas y 172 empleados por el Estado para las necesidades relacionadas con la finalización del programa (para gestionar la última fase de liquidación, ndr.), cuya fecha de finalización está actualmente prevista para el 15 de enero de 2024”.
La carta agrega que “a la luz del marco reglamentario y con la única excepción de las necesidades operativas de la Administración Extraordinaria relacionadas con la finalización de la actividad de liquidación, el abajo firmante no puede volver a contratar a los trabajadores actualmente suspendidos por indemnización por despido" .
"El Gobierno debe intervenir inmediatamente para que los aproximadamente 3.000 trabajadores de Alitalia no queden abandonados a su suerte".
Así lo comentaron el secretario general, Claudio Tarlazzi, y el secretario nacional, Ivan Viglietti, de Uiltrasporti, al referirse a la noticia de las cartas de despido recibidas de los trabajadores de Alitalia y Cityliner en el marco del procedimiento de liquidación de la empresa.
"El Decreto de Activos - declaran los dos secretarios - ha fijado como fecha límite para que estos trabajadores se beneficien del fondo de despido el 30 de octubre de 2024, por lo que a partir del día siguiente el problema de la reubicación de estos trabajadores que representan un activo importante para el sector del transporte surge en nuestro país, un sector que está experimentando un importante desarrollo habiendo alcanzado niveles pre-covid".
"Pedimos que los 3.000 trabajadores sean reubicados en las tres empresas creadas a partir de la escisión de Alitalia o en otras empresas del sector, tras una formación adecuada que permita también el mantenimiento de las certificaciones, una medida que ya estaba prevista y que no ha tenido efecto nunca se ha aplicado”, señalaron.
“Alternativamente - concluyen Tarlazzi y Viglietti - creemos que es necesario extender el período de despido hasta 2025, como ya habíamos solicitado”.
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