El informe encargado por el Gobierno Regional Metropolitano reveló que un 42% son ciudadanos con nacionalidad extranjera. De ellos, el 49,1% no tiene su situación migratoria regularizada.
La radiografía mostró que tienen una jornada laboral de seis días a la semana, en los que trabajan en promedio 8,3 horas diariamente.
El 72% de los encuestados no cuenta con autorización municipal para poder vender. Pese a ello, un 57% de ellos está dispuesto a obtener el permiso por los medios oficiales, aunque consideran que aquello es difícil porque es un proceso engorroso, mientras que un 54,3% no estaría dispuesto a dejar esta actividad.
En cambio, más del 40% estarían dispuesto a dejarlo, pero no por un ingreso inferior a 843 dólares mensuales; un 39,2% estaría dispuesto a formalizar su emprendimiento y dejar de vender en la calle y cerca del 22% aceptaría un trabajo que requiera aprender nuevas habilidades; un 8% aceptaría un empleo temporal.
La mayoría de los encuestados tenía entre 30 y 49 años y cursó la secundaria, más de la mitad tiene uno o dos hijos a cargo.
Un 82,9% de los comerciantes ambulantes está satisfecho con su actividad. Un 70% dice que, incluso tras una sanción, seguiría bajo la misma modalidad de trabajo.
En cuanto a los bienes que se comercializan, la mayoría es ropa y comida.
El gobernador Claudio Orrego comentó que el comercio callejero, "como fenómeno es complejo y hay crimen organizado, hay inmigración y hay mucha rentabilidad del negocio, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo sistemático en toda la ciudad y eso es lo que está faltando hoy día: la estrategia integral".
Cristián Crespo, del Centro de Políticas Públicas, indicó que "desde todas las instituciones que entrevistamos esta materia hubo bastante consenso de que el foco en temas de fiscalización, sanción, investigación y persecución penal, no tiene que estar tanto en el vendedor en la calle, sino más bien en la cadena de suministro en esa actividad, y la buena noticia es que este esfuerzo no concluye en este estudio, avanzamos ahora a una etapa de construcción colectiva conjunta de una propuesta de política pública que es lo que viene en la siguiente fase".
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