Fitto lanzó un plan de acción para dar un nuevo impulso al desarrollo del Sur y cerrar al menos uno de los juegos que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE, ven a Italia pagar decenas de millones en multas cada año a la Unión por infracciones de las normas europeas en varios sectores, desde la competencia hasta la contaminación.
Lo más destacado de la reunión con Vestager fue, sin duda, el plan presentado para hacer de todas las regiones del Sur una sola zona económica, ampliando y homogeneizando así una situación que hoy ve ocho zonas operativas ubicadas en áreas limitadas del sur.
"La ZES representa una importante oportunidad para el desarrollo y la atracción de inversiones, que junto con el uso efectivo de los recursos europeos y nacionales -subrayó el ministro- puede hacer del sur de Italia una referencia importante no solo para nuestro país sino para todo el continente europeo", aseguró.
"Se trata de un auténtico motor decisivo para la economía del sur, de Italia y del Mediterráneo", aseveró Fitto, en una propuesta apoyada por la premier Giorgia Meloni, el canciller Antonio Tajani, los presidentes de las regiones implicadas y los representantes del mundo empresarial.
Tal propuesta fue tomada positivamente por Vestager, quien recordó, a través de su portavoz, que el proyecto "debería concebirse de acuerdo con la normativa sobre ayudas de Estado".
Del mismo modo, la propuesta de hacer permanentes las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social de las que pueden beneficiarse las empresas que operan en el Sur tendrá que ajustarse a las normas de la UE sobre ayudas públicas para obtener el visto bueno de Bruselas.
Una facilitación destinada a salvaguardar el empleo en las zonas más desfavorecidas del país que, en todo caso, ya obtuvo el visto bueno de la Comisión, pero solo hasta finales de este año.
Fitto logró entonces el cierre de otro asunto que costó decenas de millones de euros a las arcas del Estado por las multas impuestas en 2015 por el Tribunal UE por la no recuperación de las ayudas estatales concedidas a algunas empresas que operan en los territorios de Venecia y Chioggia.
"Italia -dijo el ministro- finalmente dejará de pagar 24 millones de euros cada año". Y eso después de siete años de pagos que se sumaron a los 30 millones "únicos" infligidos como multa fija.
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