La grave crisis de liquidez que afecta las finanzas del Estado ha llevado al gobierno argentino de Alberto Fernández a presentar un proyecto de amnistía fiscal que pretende promover la repatriación de al menos una parte de los más de 400.000 millones de dólares no declarados que se estima están en poder de los contribuyentes argentinos.
    El proyecto contempla tres tarifas diferentes en función de la celeridad con la que se manifieste la adhesión a la amnistía.
    Para quienes se adhieran dentro de los 120 días siguientes a la aprobación del texto, la tasa será del 5%, que luego sube al 10% para quienes se adhieran después de 120 días y hasta 240 días, y al 20% después de 240 días y hasta 360.
    También se ha fijado una tasa mínima del 1,5% para los "pequeños evasores" que decidan blanquear sumas que no superen el equivalente al 35% del valor anual del salario hasta un máximo de 50.000 dólares. Sin embargo, quedan excluidos de la amnistía fiscal los funcionarios públicos y las personas que hayan recibido subsidios del Estado en los últimos años.
   

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