(ANSA) - CARACAS 15 MAY - Un grupo de trabajadores públicos,
activos y jubilados, protestó hoy en Caracas para exigir la
libertad plena de todos los dirigentes detenidos por defender
sus derechos laborales.
También rechazaron las políticas económicas del gobierno
Nicolás Maduro que, afirmaron, destruyó el salario y la pensión,
y viola los derechos humanos de todo un pueblo.
José Patines, dirigente sindical, aseveró que la mala
política económica de Maduro y la forma como ha conducido al
país llevó al fracaso a la nación.
"Exigimos para los jubilados y pensionados que se cumpla el
artículo 91 de la constitución que dice que el salario debe
alcanzar para la cesta básica que hoy día donde no ha parado la
inflación cuesta más de 700 mil dólares. Los que arruinaron al
país tienen que hacerse cargo de esta debacle laboral", exigió.
A su vez, Eduardo Torres, defensor de Derechos Humanos y
abogado, solicitó a Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, abrir una
investigación para constatar que los trabajadores que están
presos es por defender sus derechos laborales y los de todo el
pueblo.
Además, pidió que realice un pronunciamiento público por la
libertad de los dirigentes, y que se haga parte en la causa,
porque de acuerdo a la ley de Defensoría del Pueblo puede
hacerlo.
"Hoy no lo ha hecho, y el fiscal general Tarek William Saab
tampoco, por el contrario, ratifica las acusaciones contra los
trabajadores y en ese sentido venimos aquí a exigir la libertad
plena de todos", enfatizó.
Precisó que se trata de Gabriel Blanco, trabajador
humanitario y de los activistas: Néstor Astudillo, Alcides
Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, y el sindicalista
Emilio Negrín, detenidos en julio pasado y a quienes el
Ministerio Público los imputó por los supuestos delitos de
asociación para delinquir y conspiración.
También exigen la libertad de los profesores, Robert Franco,
detenido hace dos años y acusado de "terrorismo" al vincularlo
con la denominada "Operación Boicot" contra la Asamblea Nacional
de mayoría oficialista; y de Javier Tarazona, director de la ONG
FundaRedes, detenido en julio de 2021 y acusado también de
terrorismo e instigación al odio.
Torres también reclamó la libertad de Johana González,
trabajadora petrolera, quien tenía una boleta de excarcelación
que nunca se ejecutó y ahora fue revocada por el mismo juez.
"Lo que indica que en Venezuela no hay un poder judicial
autónomo, independiente e imparcial", enfatizó.
En Venezuela existen, según la ONG Foro Penal, 284 presos
políticos, que el gobierno suele llamar políticos presos, de los
cuales 131 son civiles y 153 militares. (ANSA).
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