También rechazaron las políticas económicas del gobierno Nicolás Maduro que, afirmaron, destruyó el salario y la pensión, y viola los derechos humanos de todo un pueblo.
José Patines, dirigente sindical, aseveró que la mala política económica de Maduro y la forma como ha conducido al país llevó al fracaso a la nación.
"Exigimos para los jubilados y pensionados que se cumpla el artículo 91 de la constitución que dice que el salario debe alcanzar para la cesta básica que hoy día donde no ha parado la inflación cuesta más de 700 mil dólares. Los que arruinaron al país tienen que hacerse cargo de esta debacle laboral", exigió.
A su vez, Eduardo Torres, defensor de Derechos Humanos y abogado, solicitó a Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, abrir una investigación para constatar que los trabajadores que están presos es por defender sus derechos laborales y los de todo el pueblo.
Además, pidió que realice un pronunciamiento público por la libertad de los dirigentes, y que se haga parte en la causa, porque de acuerdo a la ley de Defensoría del Pueblo puede hacerlo.
"Hoy no lo ha hecho, y el fiscal general Tarek William Saab tampoco, por el contrario, ratifica las acusaciones contra los trabajadores y en ese sentido venimos aquí a exigir la libertad plena de todos", enfatizó.
Precisó que se trata de Gabriel Blanco, trabajador humanitario y de los activistas: Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, y el sindicalista Emilio Negrín, detenidos en julio pasado y a quienes el Ministerio Público los imputó por los supuestos delitos de asociación para delinquir y conspiración.
También exigen la libertad de los profesores, Robert Franco, detenido hace dos años y acusado de "terrorismo" al vincularlo con la denominada "Operación Boicot" contra la Asamblea Nacional de mayoría oficialista; y de Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, detenido en julio de 2021 y acusado también de terrorismo e instigación al odio.
Torres también reclamó la libertad de Johana González, trabajadora petrolera, quien tenía una boleta de excarcelación que nunca se ejecutó y ahora fue revocada por el mismo juez.
"Lo que indica que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo, independiente e imparcial", enfatizó.
En Venezuela existen, según la ONG Foro Penal, 284 presos políticos, que el gobierno suele llamar políticos presos, de los cuales 131 son civiles y 153 militares.
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