El análisis estimó que para 2042, el sector de la ropa usada proporcionará 3.076.770 puestos de trabajo, frente a los actuales 1.574.420 en los mencionados cuatro países.
El estudio mostró que la comercialización de ropa de segunda mano hace una contribución vital en los ingresos fiscales de los gobiernos de América Central.
En 2021, los ingresos fiscales generados por el sector de la ropa usada en Guatemala fueron de 40.2 millones de dólares, en Nicaragua de 23.7 millones, en Honduras de 34.1 millones y en El Salvador de 16.1 millones).
Para 2040, se estima, basándose en las tendencias de crecimiento actuales, que el sector generará unos ingresos fiscales de 34,7 millones de dólares en Guatemala, 17,4 millones en Nicaragua, 25,9 millones en Honduras y 13,4 millones en El Salvador.
Se calcula que el comercio internacional mayorista de este rubro mueve actualmente entre 1.500 y 3.400 millones de dólares al año. Cada año se comercializan hasta 4 millones de toneladas de ropa usada. Al parecer, solo una cuarta parte de las prendas post consumo se recogen actualmente para su reutilización en todo el mundo. De esas prendas, alrededor del 40% entran en el mercado internacional de ropa de segunda mano.
Centroamérica es un actor cada vez más influyente en la industria de la ropa de segunda mano, y la gran mayoría de las exportaciones a Centroamérica y Sudamérica proceden de Estados Unidos. Las importaciones de ropa de segunda mano a la región están impulsadas por la demanda de los consumidores, que ha crecido de forma constante en los últimos años.
Entre 2011 y 2021, el valor nominal de las importaciones de ropa de segunda mano a los cuatro países ha crecido en 274 millones de dólares. El comercio neto con Nicaragua creció casi un 280% durante el periodo. Las cifras correspondientes a Guatemala (180%), Honduras (194%) y El Salvador (183%).
Para crear más puestos de trabajo y tener un mayor impacto social, Garson&Shaw -mayorista importante en el sector de la ropa de segunda mano- propone a los gobiernos adoptar políticas de apoyo que permitan el crecimiento de la industria de la ropa usada en los países centroamericanos. Argumenta que la industria de la ropa usada proporciona una fuente sostenible de empleo y mejora el nivel de vida; tiene el potencial de crear empleos adicionales en toda la cadena de suministro y fomenta el empoderamiento económico al permitir que las personas, especialmente las mujeres y los jóvenes, establezcan sus propios negocios.
Pide también que los gobiernos desistan de imponer medidas como impuestos sobre el valor añadido a las importaciones de ropa usada, y, en cambio, garantice la inversión a largo plazo en infraestructuras para apoyar a esta importante industria.
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