El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió hoy esta propuesta y dijo que las empresas del sector "han obtenido utilidades como nunca", luego que arreciaron las críticas de cámaras empresariales y calificadoras de riesgos.
El mandatario rechazó que este proyecto afecte al sector y dijo que lo que se busca "es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, muchas de ellas 'fantasmas' y el acaparamiento de grandes extensiones".
Sin embargo, pidió a legisladores de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) que domina las dos Cámaras parlamentarias, recibir a miembros de la Iniciativa Privada para explicarles los argumentos de la iniciativa, para que "se escuchen todas las voces".
El jefe de Estado rechazó que el gobierno se proponga "una reforma expropiatiria" por cuanto "se conservan las concesiones", pero dijo que se tiene que "garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua" pues "es un derecho humano y además agua saludable".
"No se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados", afirmó en referencia a numerosas denuncias sobre el impacto ambiental y en la salud de los habitantes de las zonas cercanas a las minas de los desechos para las actividades extractivas.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados el 24 de marzo pasado para bajar de 50 a 15 años el término de las concesiones mineras, que podrán ser prorrogables "por una sola ocasión", pero además para sujetarlas al cumplimiento de "obligaciones y condiciones, entre las que se encuentran la disponibilidad hídrica".
La calificadora Moodyïs ha dicho que de aprobarse los cambios a la Ley Minera se corre el riesgo de tener impactos negativos en la calidad crediticia.
Asimismo, grupos mineros y entidades financieras estimaron que la propuesta "podría generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de esta industria".
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México denunció que se pretenden "modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones".
Esta circunstancia podría generar "salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera", que ofrece empleo directo a más de 406.000 personas y genera más de 2,5 millones de empleos indirectos. Está en juego una inversión promedio anual de más de 4.000 millones de dólares.
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