La suma servirá para llevar a cabo ambiciosos planes de la compañía hispana en los próximos tres años en Brasil, conforme lo anunció su presidente Ignacio Galán ante el mandatario de ese país Luis Inacio Lula da Silva.
"Las fechas y los montos no admiten demasiadas dudas: los 6.000 millones que pagará" México "la empresa con sede en España los utilizará para montar nuevas y más modernas plantas en Brasil", señaló el analista Jorge Fernández.
"Simplificando las cosas al extremo allí, en Brasil, es donde terminará el dinero de los contribuyentes mexicanos luego de esta operación desastrosa en término de negocios que beneficia a la empresa española, indirectamente al gobierno de Brasil", afirmó.
"Mientras Lula apuesta por el futuro y se abre a las inversiones, sobre todo de energías verdes (las fósiles ya las potenció con inversiones privadas en su primer paso por la presidencia de Brasil), en México seguimos mirando hacia el pasado", añadió Menéndez.
Hace unos días, López Obrador anunció que la compra de estas plantas que pasarán a manos del monopolio gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan una "segunda nacionalización", en referencia a que realizó en 1960 el entonces presidente Adolfo López Mateos sobre las compañías extranjeras del sector.
El "timing" del anuncio dio la razón a este argumento pues Iberdrola dio a conocer el pasado 22 de marzo, dos semanas antes de anunciarse la compra-venta de las plantas, que invertiría 30.000 millones de reales en Brasil.
Con esta cifra se pretende abastecer de energía "limpia" a 1,3 millones de hogares en la nación sudamericana, donde ya Iberdrola había invertido 688 millones de dólares, que evitarán la emisión de más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
"Si los inversionistas extranjeros votan con sus carteras, las decisiones de Iberdrola constituyen un claro mensaje de la firma española. Al menos para este gigante eléctrico, no todos los gobiernos de izquierda son iguales.
Mientras que algunos la electrocutan, otros fomentan la inversión", indicó el diario mexicano Reforma.
"Mientras que así el conglomerado ibérico reduce su negocio en México, más al sur del continente la historia es muy distinta", expuso.
La operación ha sido blanco de duros cuestionamientos de expertos, que la catalogaron como "un capricho ideológico" de López Obrador y estimaron que se trata de un "pésimo negocio".
Aunque el ministro de Hacienda Rogelio Martínez afirmó que la transacción no se va "a sumar a la deuda pública", el analista económico Enrique Quintana destacó que "en la medida que el fondo va a tener que salir al mercado o pedir crédito para fondear la operación, habrá mayor deuda" aunque ésta quede fuera del balance del gobierno federal".
Quintana dijo que "también hay dudas legítimas respecto a la capacidad de la CFE para gestionarlas con eficiencia, lo que podría redundar en una baja de la producción de electricidad.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA