Los fiscales Francesco Cajani, Alessandro Gobbis y la adjunta Tiziana Siciliano habían ordenado el pasado martes 21 de mayo a la Policía Económico Financiera la búsqueda, adquisición e inspección informática en las oficinas de la Fundación del comité organizador de Milán-Cortina 2026 y de las empresas Vetrya, Quibyt y Deloitte.
La investigación, que no involucra a directivos actuales de la Fundación Milán-Cortina (creada el 9 de diciembre de 2019, cuando Vincenzo Novari fue nombrado director general de la entidad), comenzó a partir de una supuesta estafa en servicios telefónicos referida a los años 2020 y 2021.
Según la reconstrucción, Novari y el ex gerente Massimiliano Zuco recibieron "sumas de dinero y otros beneficios" para "facilitar la adjudicación de licitaciones relacionadas con el llamado ecosistema digital" a Vetrya.
Justamente los fiscales de Milán cuestionaron la decisión del gobierno de defender la calidad privada de la institución con un decreto, surgieron escuchas telefónicas y denuncias sobre el capítulo de las contrataciones "clientelistas".
Siciliano, que intervino ante los jueces con Gobbis tras la apelación de uno de los sospechosos contra los registros e incautaciones del pasado 21 de mayo, es "de una gravedad sin precedentes" e "ilegítimo" el decreto con el que el gobierno "reafirmó" en junio que la Fundación Milán-Cortina 2026 no es una entidad de derecho público, sino una empresa privada.
Por ahora, los fiscales no plantearon la cuestión de la legitimidad constitucional, pero subrayaron que se trata de una norma que va más allá de las "leyes ad personam", porque interviene en una investigación en curso para eliminar la "prerrogativa" de interpretar las leyes.
El fiscal Marcello Viola ya había explicado que la investigación (iniciada por un contrato de servicios digitales adjudicado al empresario Luca Tomassini, señalado con Novari y Zuco) "llevan a formular la hipótesis" de que la entidad "si bien califica, en virtud de una ley primaria, como 'entidad sin fines de lucro de derecho privado', en realidad tiene un carácter sustancialmente público, persiguiendo una finalidad de interés general, con socios, recursos y garantías del Estado y de las autoridades locales".
La orden de la fiscalía de Milán también incluía allanamientos en la casa de Zuco, de Novari y de Tomassini, representante legal de las dos empresas Vetrya y Quibyt, ambas con sede en Orvieto.
En tanto, como escriben los propios fiscales y como se desprende de los documentos presentados, algunos directivos de la Fundación como el abogado Pietro Fea, declaran ser "públicos" en conversaciones telefónicas interceptadas.
Incluso el actual administrador delegado de la fundación, Andrea Varnier (reemplazante de Novari), pidió "particular atención en el uso/recepción de fondos públicos cuyo importe" durante una llamada telefónica reportada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia de Finanzas (GDF).
Otros capítulos de la investigación también refieren la "segunda licitación de servicios digitales", tras la "expulsión" de Quibyt por parte de Tomassini, y del "papel de Deloitte", que ya es patrocinador de la fundación y a la que se confió "este suministro", bajo la "gestión Varnier".
Además, la GDF consideró "al menos singular" cómo Giovanni Malagó, titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, "entregó a Livia Draghi", sobrina del ex primer ministro Mario Draghi y que habría sido contratada "por recomendación" del presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), "con mayor poder que el de Novari".
Entre los nombres que ya habían surgido en la investigación se destaca el de Lorenzo La Russa, hijo del presidente del Senado y quien según un responsable de derechos humanos de la entidad "nunca entendí de qué se ocupaba en la fundación".
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