"Ayer llegó un email de la UEFA y de la FIFA, muy severo. Nos invita a presionar a las autoridades del gobierno para que se anule esta medida que viola la autonomía del deporte", afirmó Gravina ante la Comisión de Cultura del Senado italiano.
Gravina y el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó, ya habían cuestionado el proyecto de ley inicial presentado por el ministro de deportes, Andrea Abodi, para la creación de la agencia en reemplazo de la Comisión de supervisión de clubes de fútbol (Covisoc).
El presidente de la FIGC y el titular del CONI habían criticado ese proyecto justamente porque violaba la independencia del deporte, un punto central para la UEFA y la FIFA, que prohíben la injerencia de la política de cada país en el fútbol.
"La Comisión no es ágil y es gubernamental, además no vislumbramos los requisitos de urgencia de la norma porque la Covisoc no sigue el período de cuatro años olímpico y las inscripciones en los próximos torneos ya se realizaron", explicó Gravina.
"Es una norma que viola los principios de la autonomía del deporte y de la economía de mercado", recordó Gravina, quien advirtió "hay una laguna en el proyecto de ley" presentado por Abodi.
"La Covisoc tiene dos tareas: la primera es comprobar que los clubes profesionales tienen los requisitos económico-financieros adecuados a los efectos de la inscripción a los campeonatos", repasó Gravina.
"Mientras que el segundo, del que no encontramos rastro en el decreto legislativo, es el control continuo durante la temporada de pago de emolumentos y contribuciones", cuestionó el titular de la FIGC.
"Nuestros controles, sin embargo, son bimestrales. Este es un control fundamental y por ello se otorgaron 494 puntos de penalización a los clubes. Nuestras normas son más estrictas que las del decreto deportivo", reivindicó Gravina.
Asimismo, el titular de la FIGC destacó que la Covisoc "funcionó brillantemente" durante su existencia a partir de 1987: "desde ese día, hubo 193 exclusiones, sólo dos casos fueron acogidos por el Tribunal de Arbitraje Regional (TAR) y por el Consejo de Estado", precisó.
Por último, Gravina se refirió al dinero necesario para el funcionamiento: "la Covisoc le cuesta a la FIGC 400 mil euros en total, respecto a los 3,5 millones de euros de la Comisión, de los cuales 1,9 serán de la FIGC y 1,6 serán de los clubes".
Por último, a quien habla en cambio de los pasivos de los clubes de fútbol, Gravina replicó que la deuda es "un instituto previsto en la economía de mercado", por lo canto "creo que el endeudamiento de algunos clubes también se debe en parte a la aplicación de los principios legales".
El correo electrónico recibido por la FIGC cuenta con dos pasajes fundamentales: el primero alude a la capacidad de la entidad que preside Gravina "a adecuar sus obligaciones estatutarias en calidad de federación afiliada a la FIFA y a la UEFA", porque, según ambas instituciones, "las disposiciones del decreto ley acabarían impidiendo a la FIGC realizar de forma independiente las tareas de expedición de licencias nacionales".
El segundo tramo del email, en cambio, está relacionado con la UEFA porque "si la Comisión estuviera legitimada para actuar según el reglamento, también tendría un impacto en la concesión de licencias para competiciones internacionales".
Por este motivo, Gravina explicó que la carta invita "a presionar a la autoridad gubernamental para que dé marcha atrás en esta disposición que viola la autonomía del deporte".
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