El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, expresó su respaldo para los cuatro integrantes que presentaron su renuncia a la Covisoc.
Gravina afirmó que tomaron la decisión de dimitir "porque 'con la aprobación del Decreto Legislativo por el que se crea la Comisión independiente para la verificación del equilibrio económico y financiero de los clubes deportivos profesionales, con la supresión simultánea del Covisoc, las condiciones de funcionamiento han cesado".
Gravina informó que recibió la renuncia de la presidenta Germana Panzironi y de Angelo Fanizza, Gianna Galluzzo y Salvatore Mezzacapo, las cuales se harán efectivas a partir del 30 de junio, una vez finalizados los trámites de inscripción de las ligas profesionales para la temporada 2024-25.
Panzironi, Fanizza, Galluzzo y Mezzacapo fueron nombrados por unanimidad en noviembre de 2023 junto con el profesor Giuseppe Marini y su cargo debía extenderse por otros tres años.
"Entiendo las razones de esta elección y lamento que el mundo del deporte esté perdiendo figuras tan destacadas", declaró Gravina, quien agradeció "a la presidenta Panzironi y a los miembros por la competencia e imparcialidad que han demostrado desde el primer día de su nombramiento".
"En los últimos meses cumplieron sus funciones con profesionalidad y espíritu de servicio, como también confirmaron garantizando su aportación hasta el final de esta temporada deportiva, tanto en términos de controles como en la constante y fructífera discusión para la mejora de las normas relativas a la sostenibilidad económico-financiera del fútbol profesional", concluyó Gravina.
Más temprano, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, adelantó que "en el marco de la conversión del decreto deportivo en ley, podrían realizarse más contribuciones para mejorar aún más la ley" tras la aprobación del decreto el pasado viernes 24.
"Hay margen para cambios siempre que no traicionen el espíritu de la norma", insistió Abodi en diálogo con Radio Gr Parlamento sobre la comisión de control de las cuentas de los clubes profesionales de fútbol y básquet.
"Desde la base inicial del proyecto de decreto intenté aprovechar las discusiones que tuve con el deporte. Pero el objetivo siempre fue salvaguardar el objetivo final: hacer que el sistema sea seguro", remarcó Abodi.
Consultado sobre una posible intervención de la FIFA y la UEFA, el ministro respondió: "lo observaremos en el contexto de las discusiones que se produzcan".
"Conociendo los límites, intenté mantenerme dentro de ellos y respetar la autonomía del deporte, que es un valor para nosotros. No es casualidad que en el decreto el dictamen de la comisión sobre cada caso no sea vinculante", recordó Abodi.
Por último, el ministro destacó la importancia de la "modernización" de la Ley Melandri: "fue una herramienta útil, pero ahora hay que reformarla. Es preciso que se tenga en cuenta las nuevas condiciones del mercado", completó Abodi.
También habló al respecto el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó, quien al igual que Gravina y Gianni Petrucci, titular de la Federación Italiana de Básquet (FIP), manifestó su preocupación sobre la eventual violación de la autonomía del deporte ante la creación de la nueva autoridad de control.
"Hace días que no digo nada, no me parece bien volver a señalar conceptos muy claros. Después de eso, si hay ajustes que Abodi o aquellos que tienen que adoptarlos o utilizar son considerados mejoras, simplemente estaremos contentos", indicó Malagó La agencia estará integrada por dos miembros de oficio y otros cinco designados, dos de los cuales surgirán de una lista de cinco propuestos por las federaciones, "por decreto de la primera ministra (Giorgia Meloni) o por la autoridad política delegada en materia deportiva", que sería Abodi, "o de acuerdo con el ministro de Economía", Giancarlo Giorgetti.
La medida anunciada por el gobierno le permitirá a dicha agencia realizar el control de las finanzas de cientos de entidades de ambas disciplinas deportivas que hasta ahora controlaban las federaciones.
La creación de esta agencia apunta a que los cerca de 100 clubes del fútbol profesional abonen sus impuestos y cargas sociales pues, según el gobierno, el Estado dejó de percibir cerca de 100 millones de euros por dichos conceptos en los últimos dos años.
Uno de los artículos, introducido por pedido del Ministerio de Economía, contempla la intervención técnica sobre las sociedades auditoras de los clubes de fútbol que cotizan en Bolsa, y otro refiere a las elecciones de los presidentes de las federaciones más allá de un tercer mandato, para lo cual será necesario contar con dos tercios del total de los votos emitidos.
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