El fútbol brasileño, que acaparó la gloria en las últimas ediciones de la Copa Libertadores de América, quedó inmerso en un escándalo relacionado con el arreglo de partidos y las apuestas que derivó en una serie de arrestos y allanamientos de 16 estados del país, informa "Globoesporte" y otros medios del mismo grupo.
El Ministerio Público de Goias, en la región centro-oeste del país, lanzó la segunda fase de la denominada "Operación Pena Máxima" iniciada en febrero en torno al accionar de un grupo criminal especializado en manipular resultados del fútbol profesional.
Además de investigar supuestos amaños en los campeonatos de primera y de segunda división, la justicia le apunta a los tornos regionales de Goiás, Río Grande do Sul, Mato Grosso, Río de Janeiro, San Pablo, Santos, Recife y Chapecó. Según "Globoesporte", tres personas implicadas en el fraude fueron detenidas y otras 20 serían arrestadas en las próximas horas, aunque la cifra podría crecer todavía más.
Al menos cinco son las que habrían participado en amaños de partidos de primera división, entre las que se menciona al zaguero Victor Ramos Ferreira, de 33 años y con pasado en Palmeiras, Vasco da Gama, Standard Lieja y el mexicano Monterrey, actualmente en Chapecoense.
Otro de los apuntados es el argentino Kevin Lomónaco, ex Lanús y Platense que milita en Red Bull Bragantino y cuya vivienda fue allanada por la policía, que secuestró su teléfono celular.
El lateral brasileño Igor Carius, de Sport Recife, es otro de los investigados por la justicia, según la cual los implicados habrían cobrado entre 50 mil y 100 mil reales (entre 9 mil y 18 mil euros) no sólo por "ir a menos" para que sus equipos pierdan, sino con apuestas relacionadas con determinadas cantidades de faltas cometidas o por provocar cierto número de tiros de esquina en un partido.
En la mira de los investigadores, que ya habían detectado maniobras en partidos de segunda división, hay también cinco del "Brasileirao" en 2022, y otros cinco de los torneos regionales, incluidos en "Gaúcho" y el "Paulista".
Las primeras denuncias que dieron lugar a esta investigación se remontan a fines de 2022, cuando el mediocampista Romario, que jugaba Vila Nova de Goiania (capital del estadio de Goiás), aceptó cobrar 150 mil reales (unos 27 mil euros) por cometer un penal contra Sport en un partido de la segunda categoría.
Romario había cobrado 10 mil reales por adelantado y el resto se le iba a abonar una vez que cumpliera con su "misión", pero ni siquiera fue convocado para disputar ese partido.
El caso, sin embargo, llegó a oídos de Hugo Jorge Bravo, quien además de ser presidente de Vila Nova es policía militar y decidió recabar pruebas para elevarlas a la fiscalía, dando inicio así a la "Operación Pena Máxima".
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) publicó un comunicado al conocerse la noticia en el que consideró la situación de las apuestas como "una epidemia global" que sólo podría resolverse "sancionado de modo ejemplar y urgente a los responsables".
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