El documento reitera que "Colombia nunca ha dejado de insistir en la necesidad de obtener un alto el fuego, la liberación inmediata de los rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria para la población de Gaza".
Sin embargo, hemos visto "el hambre azotar a la población, la destrucción de infraestructuras civiles, la muerte de cientos de trabajadores humanitarios, periodistas, personal médico, mujeres y niños, que siguen siendo víctimas de las represalias de Israel que no han respetó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, bases del derecho internacional humanitario".
Colombia "es un país seriamente comprometido con la paz y rechaza y condena cualquier acto de violencia (...) en consecuencia, recientemente se unió a otros 17 estados para pedir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes en poder de Hamás".
Lamentablemente, "ni los llamamientos de Colombia ni de la comunidad internacional fueron escuchados y lo único que recibió el país y el presidente Gustavo Petro fueron insultos, acusaciones distorsionadas de antisemitismo y actos hostiles por parte del gobierno de Israel y sus representantes".
Por lo tanto, "Colombia no puede ser cómplice ni callar manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esta manera y enfrenta acusaciones tan graves de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario".
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