Treinta y cuatro cargos y al menos dos meses de audiencias, el proceso por los pagos a la estrella porno Stormy Daniels es el único de los cuatro en su contra que llegará a sentencia antes de las elecciones de noviembre.
"Lucho por la libertad de 325 millones de estadounidenses.
Este proceso es un ataque a Estados Unidos", atacó Trump poco antes de entrar al tribunal, reiterando que es víctima de una "persecución política".
El magnate está acusado de haber falsificado documentos empresariales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz y directora pornográfica en 2016 para que no revelara su relación.
Según el fiscal Alvin Braggs, el ex abogado Michael Cohen, uno de los testigos clave, físicamente emitió los cheques y luego fue reembolsado por la empresa de Trump, que pasó los pagos como "gastos legales".
Además, la fiscalía de Manhattan acusa al ex presidente de otros dos sobornos a cambio de silencio sobre sus indiscreciones: uno de 30.000 dólares a un portero de la Trump Tower y otro de 150.000 dólares a la conejita de playboy Karen McDougall con la que The Donald tuvo una relación en 2016.
En resumen, según la acusación, el magnate creó un esquema más amplio para protegerse de los escándalos durante la carrera hacia la Casa Blanca que luego ganó.
Por esta razón, la fiscalía llamará a declarar a McDougall, al editor del National Enquirer, el tabloide cercano al expresidente que se habría hecho cargo de los pagos a esta última, y a Hope Hicks, ex gerente de campaña y luego directora de comunicaciones en la Casa Blanca.
Los abogados de Trump han desarrollado una estrategia defensiva basada, según los medios de comunicación estadounidenses, en las tres 'd': delay, deny and denigrate, es decir, 'demorar, negar y difamar'.
En cuanto a la parte de difamación, el trabajo está casi exclusivamente en manos de Trump, quien, a pesar de la orden de silencio del juez Juan Merchan, continúa publicando posts vitriólicos contra Daniels y Cohen, acusándolos alternativamente de ser "mentirosos, oportunistas" e incluso "basura".
En cuanto a los plazos del proceso, los abogados del expresidente confían en la lentitud fisiológica del sistema judicial estadounidense -todavía deben seleccionarse los miembros del jurado de entre más de 200 candidatos- y en una serie de recursos más o menos efectivos.
El juez ya ha rechazado su solicitud de recusación por un supuesto conflicto de intereses (su hija trabaja para una empresa vinculada al partido demócrata), argumentando que se basaba en "una serie de referencias, alusiones y especulaciones no respaldadas".
Pero dejó abierta la posibilidad de otra moción de la defensa, la de permitir que Trump no asista a la sesión del 17 de mayo para asistir a la graduación de su hijo de 18 años, Barron. "Veremos en qué punto del proceso estaremos", respondió Merchan, quien también estableció que no habrá audiencias los miércoles.
Es demasiado pronto para pronunciarse sobre el resultado del procedimiento. Los cargos contra el magnate son todos delitos de clase E, la categoría más baja en Nueva York, y cada uno conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.
Merchan ya ha dejado claro que se toma en serio "los delitos de cuello blanco", ya que Trump está acusado de esto más allá de los asuntos con sus amantes, y podría enviarlo tras las rejas, pero también podría concederle libertad condicional.
En cualquier caso, a menos que él o el partido republicano den un paso atrás, nada impedirá que The Donald siga postulándose para la Casa Blanca y, en caso de victoria, lidere los Estados Unidos incluso con un uniforme naranja.
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