Por Pietro Guastamacchia
(ANSA) - BRUSELAS, 07 MAG - El proceso de la Unión Europea
para dotarse de una ley común contra la violencia hacia las
mujeres y la violencia doméstica llega a su fin.
Después de dos años de negociaciones, el Consejo de la UE ha
dado su aprobación final por unanimidad (con la ausencia del
representante de Dinamarca) a la nueva directiva que contiene
medidas para prevenir la violencia de género y establece
estándares europeos para la protección de las víctimas.
Es un avance en la lucha por los derechos de las mujeres,
con una barrera europea contra los matrimonios forzados o la
mutilación genital femenina.
Sin embargo, tras grandes polémicas y protestas,
especialmente por parte de las asociaciones feministas, al final
no incluye la definición de violación como delito europeo.
Durante las negociaciones, no hubo consenso entre los
estados miembros para definir la violación en toda la Unión como
"relación sexual no consensuada", como se sugería en el texto
originalmente propuesto por la Comisión.
El ejecutivo comunitario podría ahora volver al tema con una
próxima recomendación diseñada "para prevenir y combatir
eficazmente la violencia de género" e "integrar el texto de la
directiva", según lo filtrado.
La Comisión ya está trabajando en el proyecto, que como se
sabe no es vinculante para los Estados miembros, y se espera que
lo apruebe según la agenda provisional del colegio de comisarios
el 19 de junio, justo después de las elecciones europeas.
La directiva aprobada, además de establecer una serie de
medidas contra la violencia, obliga a todos los países de la UE
a considerar como delitos la mutilación genital femenina, el
matrimonio forzado y la violencia cibernética, como el
intercambio no consensuado de imágenes íntimas.
Según el texto, estos delitos serán castigados con penas de
prisión que van desde uno hasta cinco años.
El nuevo texto legal europeo también señala una amplia lista
de circunstancias agravantes, como cometer el delito contra un
niño, un ex cónyuge o pareja, un funcionario público, un
periodista o un defensor de los derechos humanos, que conllevan
penas más severas.
Para proteger la privacidad de las víctimas y prevenir la
victimización repetida, los Estados miembros también deberán
garantizar que las pruebas relacionadas con la conducta sexual
pasada de la víctima solo se admitan en el proceso penal si son
pertinentes y necesarias.
"Es un momento fundamental para fortalecer los derechos de
las mujeres. La verdadera igualdad solo ocurrirá cuando las
mujeres puedan vivir sin temor a sufrir acoso, agresiones
violentas o daños físicos. Esta ley es un paso importante para
lograrlo", comentó Marie-Colline Leroy, Secretaria de Estado
belga para la Igualdad de Género y presidenta en funciones de la
reunión.
Después de la aprobación final del Consejo, los Estados
miembros tendrán ahora tres años para transponer la directiva en
su legislación nacional. (ANSA).