(ANSA) - CARACAS 10 ABR - Un total de 86 actos de persecución
y criminalización fueron documentos en tan solo los dos primeros
meses del 2024, informó hoy el Centro de Justicia y Paz
"El aumento de patrones, como las detenciones arbitrarias y
las desapariciones forzadas, evidencian que Venezuela se
encuentra en un contexto de persecución desmedida", alertó la
ONG.
De acuerdo con el monitoreo de Cepaz más de la mitad de los
casos registrados tienen que ver con el ejercicio de los
derechos políticos.
"Patrones como la ratificación de inhabilitaciones
políticas, la detención arbitraria bajo la previa desaparición
forzada de activistas políticos y ciudadanos que presten
servicios o que formen parte en las actividades de índole
político, los procesos judiciales irregulares de personas
detenidas arbitrariamente, la activación del plan furia
bolivariana, los actos de amenaza y hostigamiento constantes,
son solo algunos de ellos", indicó.
Señaló que periodistas, medios de comunicación y personas
vinculadas con la política siguen siendo las principales
víctimas.
"En este periodo ocurrieron 39 actos de persecución contra
personas vinculadas con la política; 20 actos de criminalización
contra periodistas y medios de comunicación; 13 actos de
criminalización contra ciudadanos; 9 actos de criminalización
contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras
de derechos humanos; 4 actos contra organizaciones gremiales; y
uno contra una universidad", detalló.
Además, precisó que los patrones de persecución
documentados fueron: hostigamiento y amenazas (43 casos);
detenciones arbitrarias (14 casos); cierre de emisoras de radio
(8 casos); y órdenes de aprehensión (6 casos);
Al respecto apuntó que se registraron irregularidades en
procesos judiciales (5 casos); impedimentos de registrar un
hecho noticioso (4 casos); inhabilitaciones políticas (2 casos);
allanamientos irregulares (2 casos); cierre de programa de radio
(1 caso); y traslado irregular de un preso político (1 caso).
"Treinta y seis hombres y 9 mujeres fueron víctimas de estos
actos de persecución y criminalización. Además, hay 41 actos que
afectaron a personas que integran un colectivo y, por lo tanto,
no pudieron disgregarse por género", expuso.
De acuerdo con el monitoreo los principales perpetradores
de estos actos fueron personas adeptas al gobierno (27 casos);
funcionarios del Estado (19 casos); las fuerzas de seguridad del
Estado (18 casos); la Comisión Nacional de Comunicaciones,
Conatel, (7 casos); el poder judicial (7 casos); la Fiscalía
General de la República (7 casos); y la Asamblea Nacional (1
caso). (ANSA).