Por Marcos Romero (ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 8 ABR - México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están fuertemente enfrentados tras la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014, pero las diferencias quedaron totalmente evidenciadas durante una audiencia celebrada en Washington.
    Representantes de ambas partes intercambiaron ácidas críticas sobre la situación de los derechos humanos en México y el papel de la CIDH como coadyuvante en la investigación de los normalistas de Ayotzinapa, que según la fiscalía general fueron asesinados por una banda criminal.
    Durante la reunión, celebrada el jueves, el comisionado Enrique Gil Botero calificó de "esquizofrénico" al gobierno mexicano por desconocer la grave situación de derechos humanos que esa instancia señaló en su más reciente informe.
    Gil Botero lamentó el desconocimiento de México a aceptar buena parte de las recomendaciones contenidas en el reporte donde se expone que, a pesar de los avances, el Estado no ha dado respuesta a la crisis sobre las garantías individuales.
    "Desconocer que hay situaciones (que afectan) los derechos humanos en nuestros países y de una manera desafortunada más acentuada en México, en este momento es como quebrantar el principio de realidad", afirmó.
    Según el funcionario de la CIDH "Esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia, romper el mundo interior con el mundo exterior".
    La declaración puso en guardia a la comitiva mexicana, encabezada por el vicecanciller para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Miguel Ruiz, quien lamentó las expresiones de Gil Botero y dijo que el informe presentado en marzo es "parcial, incompleto y no objetivo".
    "No estamos de acuerdo con el diagnóstico por una razón: porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales las que la causan y el Estado mexicano ha debido responder haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición", dijo el funcionario.
    La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos, denunció una "campaña de desprestigio" en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
    El GIEI lleva más de un año investigando el caso de los desaparecidos en la sureña ciudad de Iguala y su secretario ejecutivo, el activista mexicano Emilio Alvarez Icaza.
    Ruiz rechazó que el gobierno se haya embarcado en una cruzada de este tipo, sobre todo a raíz de que una organización civil presentó una querella contra Alvarez Icaza por un presunto fraude por dos millones de dólares, que fue desestimada por "no cumplir con los requisitos de ley".
    "Ningún funcionario del gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque contra la CIDH", afirmó el vicecanciller.
    El denunciante "no tenía los derechos para hacer una denuncia como la que hizo, por no ser el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano", agregó.
    Desde tiempo atrás los expertos del organismo de la OEA han venido chocando con las posiciones del gobierno, sobre todo en torno a las circunstancias de la muerte de los estudiantes.
    Entre otras cosas, los especialistas aseguran que los cuerpos no fueron incinerados en un vertedero de la ciudad de Cocula, vecina a Iguala, al día siguiente de la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del 2014, como lo asegura el gobierno, pero un tercer peritaje con especialistas independientes le dio la razón a la fiscalía general.
    Aún permanece en el misterio las causas de la desaparición y muerte de los jóvenes, aunque la teoría de las autoridades es que los estudiantes fueron asesinados porque los confundieron con miembros del grupo criminal "Los Rojos", enemigo de "Guerreros Unidos", los autores de la masacre.
    Otra hipótesis es que uno de los buses que transportaban a los estudiantes, la mayoría hijos de campesinos, llevaba a bordo un cargamento de droga.
    El grupo de expertos de la CIDH culmina su labor a fines de este mes, pero no será prorrogada, como lo exigen los familiares de los estudiantes. MRM-ADG/ACZ
08/04/2016 20:07