(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 11 ENE - El jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue notificado en su celda el fin de semana pasado del inicio de su juicio de extradición a Estados Unidos, pero los expertos calculan que el proceso tomaría no menos de un año. El director General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Manuel Merino, dijo hoy que el trámite judicial podría inclusive demorarse aún más, sobre todo porque la defensa haría lo posible por evitar el traslado del Chapo a Estados Unidos.
    "Hemos tenido procedimientos de hasta 4 años", señaló el funcionario, al indicar que el gobierno estadounidense emitió dos órdenes de detención con fines de extradición contra Guzmán.
    Una es por delitos de asociación delictuosa e intención de distribuir cocaína y la otra, por asociación delictuosa, delincuencia organizada, distribución de droga, homicidio y posesión armas de fuego. Ambas órdenes fueron ejecutadas por elementos de la Interpol y, una vez que se tenga la notificación oficial, dará inicio el proceso de extradición, cuyo resultado será finalmente dictaminado por la Cancillería.
    Los abogados del "Señor de las Drogas" habían tramitado ya algunos amparos pero ya expiraron debido a que aún no hay una orden de extradición como tal.
    Ahora, la defensa cuenta con 3 días para ofrecer pruebas y la fiscalía general dispone de 20 días para refutarlas, luego de lo cual el juez emitirá una opinión y finalmente turnará el caso a la Cancillería para que dicte una resolución final, que podría ser contestada con un amparo.
    La fiscalía señaló que mantendrá "una estricta vigilancia" de los procedimientos y será "respetuosa de las determinaciones de las autoridades correspondientes", pero también ha advertido que combatirá todos los recursos que interpongan los abogados del delincuente.
    Hasta donde se sabe, el que hasta hace poco era el hombre más buscado de México, que ha sido detenido tres veces y se ha fugado de prisión dos ocasiones en forma rocambolesca, la primera en enero de 2001 y la segunda en julio del 2015, está decidido a pelear a muerte para evitar ser llevado a Estados Unidos.
    El gobierno mexicano se había negado hasta antes de la segunda evasión, mediante un túnel de 1.500 metros de largo y 15 de profundidad, a dejar que las autoridades estadounidenses lo juzgaran en su territorio.
    En 2014, poco después de ser encarcelado por segunda vez, el entonces procurador General de Jesús Murillo Karam dijo que "ni en 300 o 400 años" sería extraditado.
    Pero su sucesora Arely Gómez señaló el fin de semana que dará todo su respaldo al proceso de extradición, lo que marca un giro de 180 grados en la posición del gobierno del presidente Enrique Peña, cuya imagen internacional resultó seriamente dañada tras la segunda fuga de El Chapo.
    El dilema sobre si le conviene al gobierno extraditarlo o no a Estados Unidos parece haber hallado una fórmula intermedia, que supone mantener a Guzmán en prisión durante un tiempo hasta que concluya el largo y sinuoso procedimiento.
    Peña está "a dos fuegos" en este tema, por cuanto hay una presión muy fuente de ciertos grupos nacionalistas dentro de la clase política para que el "jefe de jefes" se quede en México, pero también del gobierno estadounidense, que lo quiere juzgar en sus tribunales.
    Según analistas, ambas opciones entrañan riesgos: si se queda en México y se escapa de nuevo el gobierno quedaría expuesto a una rechifla universal y si lo envía a Estados Unidos mostraría que tiene capacidad suficiente para mantenerlo bajo resguardo. El precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio pidió al gobierno del presidente Barack Obama que solicite de manera inmediata la extradición del narcotraficante mexicano.
   Pero el influyente líder del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), Manlio Fabio Beltrones señaló que habrá que esperar pues aún tiene "muchas cuentas pendientes por pagar". MRM/ACZ
11/01/2016 19:21