CIUDAD DE MEXICO, 26 (ANSA) - El Ejército mexicano dio a conocer hoy que grabará en video todas sus acciones contra la delincuencia, para afrontar acusaciones sobre abusos contra civiles en la lucha contra el crimen organizado.
    Mediante cámaras de video en cascos tácticos que llevará el personal militar, se documentarán los "incidentes" e "interacciones" que tenga la tropa con los delincuentes de manera que sea posible demostrar que las Fuerzas Armadas se apegan a las normas de respeto a los derechos humanos, indicó un comunicado oficial del ministerio de la Defensa.
    Documentos donde se demuestra el Ejército ha solicitado al ministerio de Finanzas fondos para poner en marcha esta práctica fueron revelados hoy por el matutino Milenio, el cual indicó que desde los primeros meses de este año ha comenzado ya a videograbar sus operaciones anticrimen.
    La organización civil Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal había demandado ya semanas atrás al Ejército videograbar sus acciones para evitar ser acusado de abusos.
    Los militares y marinos han jugado en diversos momentos de la lucha contra las drogas en México distintos papeles, aunque la mayoría de las veces secundarios.
    En enero de 1977, el gobierno mexicano lanzó con apoyo de Estados Unidos la "Operación Cóndor", en las montañas del noroeste de México, del mismo nombre de la tristemente célebre estrategia de Washington para combatir el comunismo en el Cono Sur, pero en este caso para erradicar cultivos de drogas.
    Este plan representó "la más gigantesca batida contra el tráfico de drogas en México", según los expertos, con participación de unos 10.000 soldados, bajo el mando del general José Hernández Toledo.
    El resultado fue un éxodo masivo de personas hacia las ciudades y según algunas fuentes, como Oscar Loza Ochoa, la desaparición de 2.000 pequeños poblados y el desplazamiento de 100.000 campesinos, así como denuncias de numerosos abusos.
    Pero desde esa época, no se había dado una participación de tal envergadura hasta que el 11 de diciembre el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a las bandas criminales y de nuevo echó mano del Ejército, iniciando con una ofensiva en el estado central de Michoacán, al que envió más de 4.000 efectivos del Ejército y más de 1.000 de la Marina.
    Desde entonces, las Fuerzas Armadas han estado en la mira de las organizaciones no gubernamentales, que las acusan de persistentes violaciones contra los derechos humanos.
    Uno de los casos más recientes ocurrió en julio de 2014, cuando 22 personas murieron en un galpón ubicado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a unos 150 kilómetros de la capital mexicana.
    El ministerio de la Defensa reportó en un comunicado inicial que las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento de delincuentes con militares que hacían un patrullaje, pero semanas después surgieron testimonios de que la mayoría de las víctimas fueron "fusiladas" por personal castrense.
    En septiembre del 2014, la revista estadounidense Esquire publicó un reportaje con una entrevista a una sobreviviente quien dijo que solo un joven murió en el enfrentamiento y al resto los asesinaron los militares después de interrogarlos. Ante la presión mediática, fueron detenidos siete soldados y un oficial que participaron en este episodio, acusados por la justicia militar de delitos contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, entre otros.
    Pero semanas después, los militares fueron también acusados por la justicia civil, aunque su proceso todavía no ha iniciado.
    En julio del 2011, la Suprema Corte de Justicia determinó que el fuero militar no aplica en casos de violaciones de derechos humanos, y decretó que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en este delito deben ser juzgados en tribunales civiles y no sólo en militares como lo establece la propia Constitución.
    Legisladores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y algunos expertos se han pronunciado por que el Ejército y la Marina "regresen a sus cuarteles" por no estar capacitados para sustituir a los cuerpos de policía. MRM/ACZ
26/10/2015 18:56